2020/08/14 - 12:45

Dado el rezago que se presenta en la solución de controversias en los tribunales de nuestro país, y más recientemente la inconmensurable acumulación de expedientes a que dio origen la crisis sanitaria del coronavirus, se ha retomado entre los impartidores de justicia, abogados litigantes, y víctimas de algún delito, así como entre los legisladores del Congreso de la Unión, la necesidad de incorporar definitivamente a los trabajos relacionados con el tema de la impartición de justicia las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), y dar origen así a un Sistema de Justicia Digital más sólido.

¿En qué consiste este concepto? La Justicia Digital se sustenta en el apoyo en las nuevas tecnologías para coadyuvar con quienes tienen bajo su responsabilidad la impartición de justicia, a través de la facilidad para realizar trámites judiciales en línea con validez oficial y legal. Es un hecho que la mayoría de los sistemas judiciales del mundo manejan sus asuntos haciendo uso de papel y de la presencia física de todos los actores involucrados en los procesos, sin embargo, estos procedimientos implican el uso excesivo de recursos y tiempo; sólo pensar en el almacenamiento de tal cantidad de documentos nos permite concluir que la innovación tecnológica característica del siglo XXI debe llegar ya a las instituciones procuradoras de justicia.

Las emergencias no pueden de ninguna manera detener la impartición de justicia, la demanda de ley no se interrumpe y esto es fundamental en todo Estado de Derecho. En momentos de crisis, como la que estamos viviendo, incluso aumenta; es muy probable que la contingencia nos deje un severo problema de acumulación de expedientes en todos los órdenes del Derecho ante los tribunales.

Una justicia moderna debe ser totalmente segura y debe buscar mejorar su eficiencia ante la ciudadanía. A través de la Justicia Digital es posible diseñar una firma electrónica avanzada que permita realizar promociones, notificaciones judiciales, exhortos y otras gestiones judiciales por vía electrónica, con ello además los mecanismos de transparencia podrán ser una realidad y los procesos podrán realizarse con una reducción de tiempos impresionante.

Por su lado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas, conminan permanentemente a todas las naciones del mundo a adoptar las herramientas tecnológicas que nos ofrece la modernidad para no obstaculizar, por ningún motivo, el derecho fundamental que tenemos todas las personas de tener acceso a una justicia expedita, pronta, gratuita e imparcial.

Muchas son las posibilidades de acción, van desde el uso de oficialías de partes virtuales, preparación de expedientes electrónicos, realización de videoconferencias durante las audiencias e incluso instalación de tribunales virtuales. Algo hemos avanzado en el tema, pero aún estamos muy lejos de poder contar con un sistema perfectamente estructurado. El Poder Judicial de la Federación permite

tramitar todos sus casos en línea, pero a nivel estatal solamente 16 de 32 poderes judiciales locales acceden a la presentación de demandas o solicitudes por vía remota, y sólo nueve permiten el seguimiento completo de sus casos a través de lo que se denomina “juicio en línea”.

El gran tema es que no tenemos todavía una cobertura total de acceso a internet y tampoco contamos con presupuestos federales y locales para iniciar la revolución silenciosa que requiere con urgencia el sistema de impartición de justicia de nuestro país. Es necesario desarrollar un marco normativo que vigorice y haga realidad la inclusión digital como un derecho humano, porque así lo dispone nuestra Constitución Política en su artículo sexto, al establecer que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos el derecho de acceso a las TIC’s así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidas la banda ancha y el internet; y a su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política digital universal. La tarea es realmente un gran reto.

En el Senado de la República, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, senador Ricardo Monreal Ávila, con el objeto de incorporar con mayor rapidez a nuestro país a la Justicia Digital a través del uso de las TIC’s, impulsa elevar este concepto a rango constitucional a través de una iniciativa que modifique el artículo 17 de nuestra Carta Magna que ya establece que el Estado tiene la obligación de impartir y administrar justicia. Sin embargo, considera el legislador: “Uno de los efectos de la crisis sanitaria, dados los riesgos que conlleva para las personas, ha sido la suspensión de la actividad jurisdiccional”.

Con base en las experiencias positivas que el uso de las TIC’s ha mostrado al suplir con eficiencia y seguridad a las actividades presenciales durante esta pandemia, el senador considera la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicas en todos los procesos judiciales que requieren celeridad, transparencia, eficacia y no deben suspenderse. Sin duda, sus propuestas permitirán bajar los índices de impunidad que tanto afectan al sistema judicial mexicano.

Tener un sistema operativo y eficaz de Justicia Digital requiere de fuertes inversiones en tecnología; de espacios seguros de almacenamiento, tanto para lo realizado en papel como la información electrónica que se genera diariamente; de capacitar en las nuevas herramientas a todo el personal, y de convencer a los abogados de que los litigios ya no serán más en papel.

Por otro lado, y también acorde con los signos de los nuevos tiempos, el senador Monreal Ávila considera que el uso de las TIC’s en el sistema de justicia de nuestro país permitirá ahorro de recursos, celeridad en la gestión de trámites, ventajas en los términos de accesibilidad, transparencia en los procesos, evitar daños al medio ambiente al dejar de usar miles de toneladas de papel en todo el país, imparcialidad al ser los procesos públicos, y mayor seguridad.

“En el Senado de la República seguiremos legislando en beneficio de una pronta y expedita justicia, así como en propiciar el acceso a la misma para todas y todos, fortaleciendo de esta manera el Estado de Derecho”, afirma el legislador.