2026/06/17 - 10:36

El ocho de diciembre de dos mil veinticinco la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación, un conjunto de normas donde se establecen los lineamientos para la identificación de las líneas telefónicas. La mayor justificación de esta medida es frenar los altos índices de extorsión telefónica. La lógica de quienes esto sostienen es, que al estar registradas todas las líneas telefónicas sería más fácil identificar a quienes cometen extorsión.

Cuestionados al extremo sus métodos nos llevan a no esperar mucho de sus resultados. Y es que son muchos los retos que implica la acción de obtener el registro de poco más de ciento sesenta millones de líneas activas, de las cuales el ochenta porciento son líneas de prepago que, sin duda, son más escurridizas pues sus usuarios son más propensos a cambio de número, cambio de compañía, etc. El reto no es solo convencer a la ciudadanía de otorgar sus datos personales a unas compañías que en el pasado ya han sido víctimas de fuga de información. El reto lo enfrentan también las mismas compañías telefónicas en quienes recae la operatividad de esta titánica medida.

Y es que las mismas operadoras telefónicas han sostenido que dicha operación rebasa su capacidad de almacenamiento y protección de datos, que el plazo establecido es corto y que los costos de operación son realmente elevados, y que evidentemente representa una inversión que no ven rentable. Sin olvidar que, aunque la base de datos estará en manos de las empresas telefónicas, éstas están obligadas a dar acceso libre a la Secretaría de Seguridad y a la Agencia de Transformación Digital.

El plazo final se acerca, este treinta de junio se cumple la fecha límite establecida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, a partir del primero de julio toda línea telefónica que no haya sido registrada será suspendida. Existe una gran incertidumbre por lo que pudiera ser un apocalipsis telefónico, hay quienes en la incertidumbre de la poca información respecto al manejo de los datos personales, han optado por resistir hasta el último momento para registrarse. Se habla que a la fecha solo se tenía un estimado de poco más del treinta por ciento de líneas registradas. Ello ha obligado a utilizar métodos persuasivos para que la ciudadanía opte por el registro. Y es que desde los bancos, donde usted amable lector, y una servidora, realizamos operaciones con nuestro dinero, se ha intensificado una campaña para “invitar” a realizar el registro de la línea telefónica, pues de no hacerlo quedaremos impedidos para operar en su banca móvil.

Y es que cuando toda nuestra vida personal, pública y social depende de un aparato celular, es inevitable cuestionar si realmente contamos con al menos un dejo de privacidad; si realmente nuestros datos no son ya de dominio gubernamental y, si acaso no somos geolocalizables.

Que es inconstitucional esta medida, sí, sí lo es, que se vulneran tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también es cierto; sin embargo existe la presunción de validez de los actos administrativos, es decir, todos los actos administrativos de las autoridades se presumen legales hasta que un Tribunal no considere lo contrario; para menoscabo del particular sabemos que en estos tiempos la justicia depende del conocimiento y fundamento que contenga una tómbola.

¿Por qué hago referencia a la constitucionalidad de la medida? Porque este es el tercer intento por parte del gobierno de obtener un registro nacional de líneas telefónicas. En 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por unanimidad de votos la inconstitucionalidad del llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Movil (PANAUT) sosteniendo que significaba una injustificable violación al derecho de la intimidad de las personas. López Obrador lo intentó cuando el Poder Judicial conocía de leyes. La presidenta en turno lo ejecutó con esos jueces y magistrados a Modo.

Ahora falta esperar al plazo final para el registro. Hay quienes sugieren que ante la resistencia de la ciudadanía a realizar el registro, es posible que terminen por conceder una prórroga -que no su suspensión-, otras voces sostienen que serán las grandes empresas telefónicas quienes logren aplazar la fecha límite.

Mientras colectivos civiles llaman a la resistencia, lo cierto es que de manera individual no existe una intención de acatar dicha disposición, no por falta de tiempo o instrucciones confusas, hay un solo hecho: la desconfianza a la protección de los datos personales. En un país donde se cacarea una aprobación del setenta por ciento de respaldo a la presidenta, la AC México Elige nos dice que, también un setenta por ciento de mexicanos contempla no registrar su línea.

En un país donde el mercado negro ofrece chips con líneas registradas, con un evidente robo de datos, no es descabellado creer que el uno de julio amaneceremos con un caos, hayas o no hayas registrado tu línea, habrá caos, y es posible que ese caos lo vivan desde palacio nacional.

AÑADIDURA:

Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.

George Orwell.