2026/07/01 - 10:14

Cuando yo era niña el lugar donde crecí aún no era municipio, por ende la autoridad local era la figura del agente municipal; en una ocasión mientras cursaba la primaria nos visitó en la escuela un candidato, no recuerdo muy bien el contexto de su visita, lo que sí recuerdo es que yo con mis escasos ocho añitos le puse atención a esa persona.

Regresé a casa y le conté a mi mamá de esa visita extraordinaria para mí, pero lo que mi mamá me cuenta es que yo no dejaba de repetir el nombre de “Humberto Faibre Wolf, Humberto Faibre Wolf, Humberto Faibre Wolf”, ese señor se convirtió en agente municipal y, a la postre, fue el primer presidente municipal, cuando mi natal San Rafael, Veracruz  se convirtió en municipio.

Personaje de trabajo, recto en su actuar, hombre de familia, de una honorabilidad que da fe el aprecio de los que lo conocemos y el de toda una población que le reconoce su figura moral. Hago referencia a ello porque es necesario crear un contexto donde ustedes, amables lectores, puedan ubicar a una persona con esas características en sus vidas, porque de esas figuras de la vieja escuela todos tenemos alguna referencia.  Antes se hablaba de la honorabilidad como una cualidad indispensable para ejercer cargos públicos.

En la actualidad hay un tema que pocas veces ocupa el centro del debate y que resulta fundamental para la vida pública: la calidad humana de quienes gobiernan. Morena construyó buena parte de su identidad política alrededor de tres principios sencillos y poderosos: no robar, no mentir y no traicionar. Son postulados difíciles de cuestionar y fáciles de compartir. Sin embargo, conforme pasan los años, resulta cada vez más evidente que muchos de quienes ocupan cargos de gobierno, posiciones de influencia o responsabilidades dentro del movimiento parecen haber olvidado el espíritu de esos principios.

Los ejemplos abundan. Funcionarios señalados por conductas incompatibles con el servicio público, servidores públicos cuya conducta personal contradice los valores que dicen representar y gobiernos que prefieren guardar silencio antes que dar una explicación.

Ahí están los casos recientes que han generado indignación pública, el ex director de PEMEX exhibido en una grabación sometiendo a golpes a su esposa, una directora de Catastro en Xalapa, Veracruz, exhibida también en video mientras comete acoso y violencia laboral hacia una trabajadora de su área, autoridades silenciando notas que expongan su  posible encubrimiento de delitos, múltiples aspirantes a candidatos a cargos de elección popular señalados de nexos con la delincuencia, la lista de ejemplos podría ser extensa, pero tan solo estos nos llevan a otros y otros ejemplos que desenmascaran la calidad humana de quienes los cometen.

El problema no radica únicamente en los hechos denunciados. Lo verdaderamente preocupante es la reacción institucional. La respuesta suele ser la misma: deslindarse. "No es mi responsabilidad", “no fui yo", "que las autoridades investiguen", “ya se abrió una carpeta de investigación”. Formalmente puede ser correcto. Moralmente resulta insuficiente. Quien ejerce el poder no puede limitarse a deslindarse.

Tiene la obligación de condenar aquello que atenta contra los valores que presume defender y, sobre todo, actuar en consecuencia. Más preocupante aún es la normalización de estas conductas. Parece que la exigencia ética ha sido sustituida por la conveniencia política. Si el señalado es aliado, se justifica; si pertenece al grupo propio, se relativiza; si resulta útil electoralmente, se protege. Y así, poco a poco, la congruencia termina convertida en una víctima más de la lucha por el poder. Sin embargo, sería un error pensar que este fenómeno pertenece exclusivamente al partido que hoy gobierna. La historia reciente demuestra que el problema ha atravesado colores, siglas y generaciones políticas.

Es la conducta de quienes creen que para llegar, mantenerse o ascender en el poder se vale hacer cualquier cosa, permitir cualquier cosa o cerrar los ojos ante cualquier cosa. La verdadera prueba de cualquier proyecto político no ocurre cuando se castiga al adversario, sino cuando se está dispuesto a sancionar a los propios.

 Es ahí donde se conoce la auténtica dimensión ética de un gobierno. México no necesita más malicia disfrazada de estrategia política. Necesita mujeres y hombres capaces de entender una verdad tan sencilla como poderosa: lo que está bien, está bien; y lo que está mal, está mal. Sin excepciones, sin pretextos y sin acomodos de conveniencia. La regeneración de la vida pública no comenzará descubriendo el hilo negro, sino cuando volvamos a exigir que quienes gobiernan sean, antes que nada, personas honorables.