2026/07/08 - 11:12

Mientras todos estábamos pendientes de los triunfos de la Selección Mexicana, sucedía algo gravísimo al interior del Poder Judicial, específicamente en las oficinas de la Defensoría Pública. El 30 de junio, 43 trabajadores del área de Trabajo Social fueron notificados de su despido. Treinta y nueve de ellos son mujeres. La noticia pasó casi desapercibida, pero sus consecuencias apenas comienzan a sentirse.

Antes de hablar de esos despidos, vale la pena detenernos en una realidad que miles de trabajadores viven todos los días y que pocas veces se denuncia: el acoso laboral.

En México, el abuso de poder dentro de las instituciones se ha normalizado. Jefes que intimidan, cambios arbitrarios de funciones, amenazas veladas, presiones constantes y ambientes de trabajo hostiles forman parte de la rutina de muchos servidores públicos. El Poder Judicial no ha sido la excepción.

Paradójicamente, en una institución cuya misión es proteger derechos, muchos trabajadores han tenido que soportar condiciones laborales cada vez más complicadas. Quienes conocen los procedimientos, dominan la técnica jurídica y entienden el funcionamiento de las instituciones terminan haciendo el trabajo de quienes llegaron sin la capacitación suficiente. La carga laboral aumenta, el desgaste se multiplica y el ambiente laboral se vuelve cada vez más tenso.

En los últimos meses, numerosos trabajadores del Poder Judicial han denunciado presiones, incertidumbre, hostigamiento y condiciones laborales cada vez más adversas. No es un secreto que muchos de los servidores públicos de carrera han tenido que cargar sobre sus hombros la responsabilidad de mantener funcionando áreas enteras mientras observan cómo la experiencia y el conocimiento parecen perder valor frente a decisiones políticas y ocurrencias disfrazadas de democratización.

Es en ese contexto donde ocurre el despido de los 43 trabajadores sociales de la Defensoría Pública Federal.

Y no estamos hablando de plazas burocráticas sin impacto. Se trata de especialistas cuya labor era fundamental para garantizar una defensa adecuada a las personas más vulnerables del país. Eran ellos quienes realizaban estudios y dictámenes sociales que permitían identificar situaciones de pobreza extrema, violencia familiar, abandono, discapacidad, marginación, pertenencia a comunidades indígenas y otras condiciones que requieren atención especial por parte del sistema de justicia.

Su trabajo era una pieza clave para que jueces y defensores conocieran la realidad social de quienes enfrentan un proceso legal y pudieran tomar decisiones con mayor sensibilidad y justicia.

En otras palabras, eran quienes ayudaban a ponerle rostro humano a los expedientes.

Lo más preocupante es que esos 43 profesionales atendían asuntos en todo el territorio nacional. Su salida no representa solamente la pérdida de empleos; significa el desmantelamiento de una estructura especializada que permitía acercar la justicia a quienes menos recursos tienen para defenderse.

Durante la discusión de la Reforma Judicial, quienes la defendían, se rasgaron las vestiduras asegurando que la reforma fortalecería el acceso a la justicia. Se prometió que los sectores más vulnerables serían los principales beneficiados. Se afirmó que la Defensoría Pública sería robustecida para garantizar una defensa más eficiente y cercana a la ciudadanía. ¿Tan pronto se les olvidó?

Y es que el cese de esta área del Poder Judicial deja muchas aristas que, a personas curiosas como quien esto escribe, nos orilla a cuestionar, una vez más, si acaso los reformadores y aplaudidores de la 4T sabían siquiera lo que andaban reformando. Si verdaderamente se pretendía fortalecer el acceso a la justicia, ¿por qué despedir a quienes realizan el trabajo social? Si la justicia debía acercarse al pueblo, ¿por qué debilitar precisamente a quienes trabajan directamente con el pueblo? Si el objetivo era construir instituciones más fuertes, ¿por qué eliminar áreas completas que resultan fundamentales para la defensa pública?

Tal es el impacto de este desmantelamiento que colectivos de jueces, magistrados y trabajadores judiciales han manifestado públicamente su respaldo a los afectados. Entienden que no se trata solamente de una disputa laboral. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para garantizar una defensa adecuada a quienes más la necesitan.

La magistrada en retiro María Elena Molina ha sido una de las voces que han advertido sobre la gravedad de estas decisiones. Su postura ha puesto sobre la mesa la necesidad de acudir a instancias internacionales para denunciar posibles violaciones a los Derechos Humanos derivadas del debilitamiento sistemático de las instituciones encargadas de garantizar el acceso a la justicia en México.

Lo ocurrido el pasado 30 de junio debe encender las alarmas. No podemos acostumbrarnos al desmantelamiento gradual de instituciones fundamentales. Hoy fueron 43 trabajadores sociales. Mañana podrían ser otras áreas especializadas. Y cuando la ciudadanía descubra que las instituciones ya no cuentan con personal

suficiente, capacitado y experimentado para atender sus necesidades, será demasiado tarde para preguntarse qué pasó.

Este no es un problema exclusivo del Poder Judicial. Es un asunto que compete a todos los mexicanos.

La ciudadanía debe exigir respuestas. Debe exigir transparencia. Debe exigir que se respeten los derechos laborales de quienes han dedicado años al servicio público y, sobre todo, que se cumpla la promesa de fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia.

Deseo que la viralización de un video, donde una trabajadora social cesada atravesaba el duro momento de asimilar su despido, sirva para concientizar lo que no pudimos en las marchas, mientras resistíamos a un sistema que pasaba por encima de todo un Poder.

Desde esta columna alzamos la voz, no solo por el despido masivo, sino exigimos el alto al acoso laboral.

Existimos porque resistimos.

AÑADIDURA:

Acosar no es liderar; intimidar no es dirigir.