2024/12/11 - 09:41

Emiliano Sesma. Recientemente, el área jurídica del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha hecho público un hecho alarmante: la presentación de al menos 25 denuncias penales por presunto daño patrimonial durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, que abarcan los ejercicios fiscales de 2018 a 2022. La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, ha confirmado que estas denuncias, que implican una cifra desalentadora de 150 millones de pesos, emanaron de la falta de justificación adecuada de los recursos públicos. Este escenario plantea una serie de interrogantes sobre la rendición de cuentas y la integridad del manejo financiero en el estado de Veracruz.

Las denuncias no solo corresponden a daños patrimoniales evidentes, sino que también incluyen la presentación de documentos apócrifos y una inadecuada justificación de los recursos públicos. Estos son delitos graves que no solo afectan la economía del estado, sino que también erosionan la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La falta de transparencia en la gestión de recursos públicos es un problema que debe ser abordado con seriedad, y las autoridades deben asumir un compromiso firme para garantizar que tales irregularidades no queden impunes.

González Cobos ha destacado que, aunque el ORFIS no recibe notificaciones sobre la judicialización de las denuncias, el organismo continúa activo en el proceso, presentando la documentación necesaria para facilitar la acción legal. Sin embargo, esta situación pone de manifiesto un grave problema de desconexión entre la fiscalización y la justicia. La efectividad del ORFIS no puede medirse únicamente por su capacidad para presentar denuncias; también debe incluir una coordinación efectiva con la Fiscalía General para asegurar que estas denuncias se traduzcan en acciones concretas y en la restitución del patrimonio público.

La ley otorga un plazo de siete años para justificar las observaciones realizadas por el ORFIS, pero es crucial destacar que este tiempo no debe ser un pretexto para la inacción. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser principios fundamentales en la administración pública, y no deben verse comprometidos por plazos burocráticos. La revisión anual de los informes entregados al Congreso del Estado debe ser un mecanismo para asegurar que la justificación de los recursos se realice de manera oportuna y efectiva.

La reciente aprobación de la Cuenta Pública del 2023 crea un nuevo marco temporal para que los entes fiscalizados puedan justificar su manejo financiero. Este es un momento crítico para reafirmar el compromiso de las autoridades con la transparencia. A medida que se avanza en la fiscalización de los recursos públicos, el ORFIS debe mantenerse vigilante y activo, no solo en la detección de irregularidades, sino también en la promoción de una cultura de rendición de cuentas.

La situación actual en Veracruz es un llamado a la acción para todos los involucrados en la gestión pública. La ciudadanía merece respuestas claras y contundentes sobre el uso de sus recursos. Los ciudadanos deben exigir a sus representantes y a las instituciones que actúen con transparencia y que rindan cuentas de manera efectiva. La corrupción y la mala administración de los recursos públicos no pueden ser toleradas, y es responsabilidad de todos los ciudadanos trabajar en conjunto para construir un estado más justo y transparente.

En conclusión, el estado de Veracruz enfrenta un desafío monumental en su lucha por la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo que la invitación a los lectores es para que le ponga fecha a que las denuncias presentadas son solo la punta del iceberg de un problema más profundo que requiere una respuesta decidida y efectiva. La colaboración entre el ORFIS, la Fiscalía General y las autoridades estatales es esencial para garantizar que las irregularidades sean sancionadas y que se restablezca la confianza en las instituciones públicas.