2024/12/04 - 09:34

Emiliano Sesma. El reciente anuncio del Presupuesto de Egresos 2025 por parte de Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, nos presenta una imagen optimista de la administración federal, pero es crucial abordar la realidad detrás de las cifras y las promesas. A pesar de las intenciones de alcanzar un equilibrio fiscal y reducir el déficit, la propuesta parece más un ejercicio de retórica que una solución efectiva a los problemas económicos del país.

Primero, el déficit presupuestario proyectado del 3.9 por ciento del PIB y una deuda pública controlada del 51.4 por ciento, aunque presentadas como logros, son indicadores de una economía que sigue cargando con un peso significativo de obligaciones financieras. Ante el contexto resulta imperativa la pregunta ¿Es realmente un avance el aumento nominal del 2.6 por ciento en el gasto neto total, o simplemente un intento de mantener la apariencia de progreso en medio de una situación económica complicada?

La subsecretaria enfatiza que la disciplina presupuestal es fundamental, pero ¿qué significa esto en términos prácticos para los ciudadanos? La asignación de recursos a programas sociales puede sonar positiva, pero la realidad es que muchos de estos programas han demostrado ser insuficientes y, en ocasiones, ineficaces en su implementación. La dependencia de estos programas como mecanismo para reducir la desigualdad puede ser un parche en lugar de una solución estructural a problemas profundos y sistémicos.

Además, la promesa de destinar más de un billón de pesos al gasto social es, en el mejor de los casos, una medida temporal. La asignación de fondos a iniciativas como la Pensión para el Bienestar y las Becas para la educación puede ser vista como un intento de comprar votos y mantener la lealtad política, más que un compromiso genuino con el desarrollo social. Aún más teniendo en cuenta que el 2025 será un año de elecciones en varias partes de la república a alcaldías y diputaciones locales, además de la elección de jueces y ministros del Poder Judicial.

En el ámbito de la inversión pública, la propuesta de asignar casi 996 mil millones de pesos para proyectos en infraestructura es otra área donde las promesas pueden no cumplirse. Si bien se habla de generación de empleos y desarrollo, la experiencia pasada nos ha mostrado que muchos de estos proyectos se ven plagados de retrasos, sobrecostos y, en ocasiones, corrupción. La falta de transparencia en la ejecución de estas obras genera desconfianza entre los ciudadanos.

Finalmente, la asignación de 2.2 billones de pesos para la salud pública, aunque ambiciosa, plantea interrogantes sobre la eficacia y la calidad de los servicios que realmente se ofrecerán. La creación de programas como Salud Casa por Casa puede ser un paso en la dirección correcta, pero ¿realmente es suficiente para abordar la crisis de salud que enfrenta el país?

En resumen, el Presupuesto de Egresos 2025 se presenta como un intento de mejorar la situación económica y social de México, pero con una mirada crítica, se puede concluir que es más un conjunto de promesas y discursos que una estrategia sólida y bien fundamentada. Por lo que la invitación para el lector es que le ponga fecha a la necesidad de un cambio real y sostenible en la gestión fiscal y social del país, misma que sigue siendo una tarea pendiente.