2026/08/05 - 11:29

Desde el pasado 27 de julio y hasta el 21 de agosto, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierta la consulta pública sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. A simple vista, parece un ejercicio democrático: escuchar a especialistas, medios, académicos y ciudadanos antes de emitir una regulación, esto ya lo hemos vivido y el resultado no ha sido como lo pintan. Sin embargo, detrás de esta consulta hay una reforma mucho más profunda que ha despertado preocupación entre periodistas, concesionarios y defensores de la libertad de expresión.

Estos lineamientos no surgieron de la nada. Son consecuencia de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que sustituyó el esquema anterior y trasladó las facultades regulatorias a la recién creada Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo que tomó el lugar del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Ahora corresponde a esta comisión establecer las reglas bajo las cuales deberán operar los medios concesionados y los mecanismos para garantizar los llamados derechos de las audiencias.

El proyecto obliga a los medios de radio y televisión a contar con un Código de Ética, un Defensor de las Audiencias y procedimientos para atender quejas cuando el público considere vulnerados sus derechos. Incluso contempla que la Comisión pueda intervenir cuando un medio no atienda las recomendaciones de su propio defensor. Sobre el papel parece una medida para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de los medios. El problema no es la existencia de reglas; el problema es quién las interpreta y hasta dónde pueden llegar sus alcances.

Lo que más inquieta es que la discusión ya no se limita a la radio y la televisión. La forma en que está planteada la regulación abre la puerta

a un debate que inevitablemente alcanzará a los medios digitales y a los portales informativos que hoy representan una de las principales fuentes de información para millones de mexicanos. Es ahí donde comienzan las preguntas incómodas: ¿estamos frente a una protección legítima para las audiencias o frente a un nuevo modelo de supervisión del discurso público?

El Gobierno sostiene que el objetivo es muy sencillo: que las audiencias puedan distinguir claramente cuándo un medio informa y cuándo emite una opinión. Nadie podría estar en contra de la transparencia. El problema es que en el ejercicio periodístico esa línea nunca ha sido completamente recta.

Informar no consiste únicamente en leer un boletín oficial. Todo periodista decide qué hechos son relevantes, qué contexto ofrecer, qué voces incluir y qué datos contrastar. Esa selección ya implica un criterio editorial. La interpretación es parte del periodismo. Pretender separar ambos conceptos con una regla rígida puede terminar otorgándole a una autoridad la facultad de decidir qué es información válida y qué constituye una opinión "incorrecta".

Desde Palacio Nacional se insiste en que los medios deben diferenciar información de opinión, mientras que en las conferencias mañaneras ambos conceptos conviven todos los días sin ningún tipo de separación. No me dejarán mentir, aquí ya existe contradicción. Y es que ahí se presentan datos, pero también valoraciones políticas, juicios sobre adversarios, descalificaciones a periodistas y narrativas que buscan convencer a la ciudadanía de que existe una sola interpretación posible de la realidad. Para muchos mexicanos, la mañanera no representa únicamente un ejercicio informativo; también es una poderosa herramienta de comunicación política al servicio del gobierno en turno.

Lo preocupante es que, paralelamente, se ha vuelto costumbre etiquetar a los medios críticos como "opositores", "adversarios" o "enemigos de la transformación". Eso es peligroso para la democracia y la soberanía pues si el poder comienza a clasificar a la prensa según su nivel de

simpatía política, deja de existir un debate democrático para abrir paso a la descalificación sistemática de cualquier voz incómoda.

No es menor la cosa, varios gobernadores han propuesto medidas de control o listados sobre la labor periodística, recientemente el Gobernador de Oaxaca en una conferencia de prensa anunció que daría a conocer una relación de portales informativos y medios críticos a los que llamó de odio, y fue aún más allá, en ese mismo acto sostuvo que dejaría de atender a las preguntas de esos portales. Aquí no hay derechos de audiencias, aquí aplica el: si no estás conmigo estás contra mí.

Los derechos de las audiencias son indispensables. Nadie puede oponerse a que la información sea verificable, plural y responsable. Pero esos derechos tampoco pueden convertirse en el argumento perfecto para construir mecanismos que, con el tiempo, incentiven la autocensura o permitan que una autoridad influya sobre los contenidos bajo la justificación de proteger a la sociedad.

La libertad de expresión rara vez desaparece de un día para otro. Generalmente comienza con regulaciones que parecen razonables, continúa con autoridades que prometen actuar con imparcialidad y termina cuando repentinamente el gobierno convierte a sus opositores en el siguiente blanco de la crítica oficial.

AÑADIDURA

Para los amigos justicia y gracia. Para los enemigos la ley a secas. Autor incierto.