2025/04/09 - 10:45

Emiliano Sesma.- Las elecciones son el corazón de la democracia, pero en México este corazón late con irregularidades. Los actos anticipados de campaña, esas maniobras que candidatos y partidos despliegan antes del tiempo oficial para promocionarse, son una práctica tan común como preocupante. Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales define claramente estos actos como expresiones fuera del periodo de campañas que buscan influir en el voto, las lagunas legales y la falta de fiscalización efectiva permiten que políticos sigan burlándola con descaro. En Misantla, hoy vemos cómo diferentes partidos justifican estas transgresiones bajo el pretexto de "jornadas de afiliación", mientras el caso de Andrea Chávez nos recuerda que este problema trasciende lo local y exige una reflexión urgente.

La ley electoral mexicana establece que los actos anticipados ocurren cuando hay un elemento personal (involucra a aspirantes o partidos), temporal (antes de las campañas) y subjetivo (un llamado expreso al voto o promoción para contender). Sin embargo, las grietas en su aplicación son evidentes. Las "jornadas de afiliación" que proliferan en Misantla son un ejemplo perfecto: precandidatos de diversos partidos —Morena, PAN, PRI y otros— recorren colonias, reparten volantes y organizan eventos masivos, todo bajo la fachada de sumar militantes. Estas actividades, que en teoría son internas, se convierten en vitrinas públicas donde se exaltan nombres, imágenes y promesas, erosionando la equidad que la ley busca proteger. La falta de claridad sobre qué constituye "promoción personal" y la tibieza del Instituto Nacional Electoral (INE) para sancionar dejan un campo abierto para la impunidad.

El caso de Andrea Chávez, senadora por Morena, ilustra cómo estas lagunas se explotan a nivel nacional. Sus "Caravanas de Salud" en Chihuahua —unidades médicas móviles con su rostro y colores partidistas— han sido denunciadas como actos anticipados rumbo a la gubernatura de 2027. Aunque el PAN acusa desvío de recursos y promoción ilegal, y la propia presidenta Sheinbaum ha pedido reglas más estrictas en Morena, no hay sanción concreta hasta ahora. Este caso resuena en Misantla, donde candidatos locales replican tácticas similares: desde brigadas de afiliación hasta entregas de apoyos, siempre con el argumento de "fortalecer al partido". La pregunta es inescapable: si estas acciones no buscan visibilidad electoral, ¿por qué llevan el sello personal de los aspirantes?

Las lagunas legales no solo radican en la definición ambigua de los actos, sino en la fiscalización laxa y la falta de voluntad política para cerrarlas. En Misantla, donde el 29 de abril arrancarán las campañas para las alcaldías, ya se percibe un ambiente de contienda disfrazada. El OPLE y el INE parecen rebasados, y las sanciones, cuando llegan, son meras multas que no disuaden a nadie. La jurisprudencia del Tribunal Electoral ha intentado precisar qué es un acto anticipado, exigiendo mensajes explícitos, pero los partidos han aprendido a ser sutiles: evitan llamados directos al voto y usan eufemismos como "apoyo a la comunidad". Esta hipocresía legal perpetúa una competencia desigual, donde quienes tienen más recursos o menos escrúpulos llevan ventaja.

La democracia no puede seguir siendo un juego de trampas donde la ley es un obstáculo que se esquiva con creatividad. El caso de Andrea Chávez debería ser una advertencia, no un modelo a seguir. Cerrar estas lagunas requiere definiciones más estrictas, sanciones ejemplares —como inhabilitaciones— y una ciudadanía vigilante que no tolere pretextos. Por lo que la invitación al lector es para que le ponga fecha a que, en Misantla, las "jornadas de afiliación" deben ser investigadas a fondo, no como favores partidistas, sino como lo que son: una burla a la equidad electoral. Si no actuamos, el 1 de junio de 2025 no elegiremos a los mejores, sino a los más astutos.