2026/03/25 - 10:42

El pasado miércoles 18 de marzo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Guardia Nacional y la Marina llegaron, sin previo aviso, a decenas de centros de rehabilitación en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco. Sellos engomados con la leyenda “Asegurado” quedaron pegados en las puertas. Cuatro personas detenidas. Más de 70 anexos cerrados de golpe.

La justificación oficial fue directa: algunos de estos lugares están vinculados a denuncias previas, delitos flagrantes y, según las propias palabras de la Fiscalía, “algunos son refugios de delincuentes.” El detonante inmediato, según se supo después, fue la fuga de un joven de un anexo en la colonia 10 de Abril, que días más tarde mató a sus abuelos en Azcapotzalco tras consumir drogas. Un hecho trágico. Un hecho que nadie minimiza.

Pero de un caso puntual a clausurar setenta establecimientos hay una distancia enorme. Y esa distancia tiene nombre: proporcionalidad.

Al día siguiente del operativo, propietarios, trabajadores e internos salieron a las calles. Bloquearon el Periférico Manuel Ávila Camacho a la altura de Naucalpan. Bloquearon la autopista México-Querétaro en Tepotzotlán. Bloquearon López Portillo en Ecatepec. No lo hicieron por capricho. Lo hicieron porque denuncian que en al menos uno de los centros intervenidos los agentes entraron sin mostrar orden de cateo ni de aprehensión. Que las detenciones fueron arbitrarias

Y que hay personas en proceso de rehabilitación que quedaron en el aire, sin continuidad en su tratamiento, sin a dónde ir.

Que quede claro: nadie defiende los abusos que ocurren en centros clandestinos. El internamiento forzoso existe. Los malos tratos existen. Hay anexos que operan como negocios turbios disfrazados de ayuda. Eso es real y merece atención del Estado.

Pero también es real otra cosa: en México, los centros comunitarios de rehabilitación, con todas sus imperfecciones, atienden a miles de personas que no tienen acceso al sistema de salud formal. Son la única red disponible para familias que no pueden pagar una clínica privada. Cerrarlos sin alternativas no es política pública. Es dejar a la gente sola con su adicción.

Las personas con trastorno por uso de sustancias no desaparecen porque se clausure un centro. Siguen estando. Siguen necesitando ayuda. Sus familias también. El cierre de estos lugares no resuelve la adicción de nadie; en el mejor de los casos, la pospone. En el peor, la agrava.

Lo que México necesita no es más operativos. Necesita legislar con criterio clínico, no solo con criterio policial. Necesita construir una red pública real de atención. Necesita distinguir entre el centro que comete abusos y el grupo comunitario que lleva quince años acompañando a su colonia.

Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo lo mismo: tragedias que generan operativos, operativos que generan bloqueos, y miles de personas con adicciones atrapadas en medio de una discusión que nunca las pone a ellas en el centro.