2025/12/17 - 10:18

Donald Trump ha vuelto a recurrir al lenguaje de la guerra para nombrar una de las crisis más profundas de Estados Unidos al firmar una orden ejecutiva que declara al fentanilo ilícito como un “arma de destrucción masiva”. No se trata solo de una decisión administrativa ni de un gesto simbólico dirigido a su electorado más duro, sino de una forma deliberada de reencuadrar la crisis de las drogas como una amenaza a la seguridad nacional, equiparable al terrorismo o a un ataque químico. En esa lógica, el fentanilo deja de ser únicamente una sustancia ilegal asociada a la salud pública y se convierte en un enemigo, algo que debe ser combatido con los instrumentos del Estado más allá del ámbito sanitario y judicial tradicional.

El trasfondo de esta decisión es una realidad que Estados Unidos no ha logrado revertir en más de una década. El fentanilo ha transformado el mercado de las drogas y también la forma de morir en el país. Es barato, extremadamente potente y fácil de transportar. Una cantidad mínima basta para provocar una sobredosis mortal. Su presencia ha contaminado heroína, cocaína y pastillas falsificadas, atrapando a consumidores que muchas veces no saben lo que están ingiriendo. El resultado ha sido una cifra sostenida de muertes que supera, año tras año, la capacidad de respuesta del sistema de salud y la narrativa política tradicional.

Las implicaciones de esta firma son profundas y polémicas. En el plano interno, la medida fortalece un enfoque punitivo que desplaza la conversación sobre tratamiento, reducción de daños y responsabilidad del propio sistema de salud. En el plano externo, eleva el riesgo de tensiones diplomáticas, particularmente con México, al sugerir que el tráfico de drogas ya no es solo un problema criminal compartido, sino una amenaza estratégica. La soberanía, la cooperación bilateral y los límites del uso de la fuerza vuelven a colocarse en el centro del debate.

Aunque Estados Unidos es el epicentro de esta tragedia, no está solo. Canadá enfrenta una crisis paralela, con comunidades devastadas por opioides sintéticos. México vive el impacto desde otro ángulo, como territorio de tránsito y producción, pero también con un consumo interno en crecimiento. Europa observa con inquietud el fenómeno, consciente de que el mismo patrón podría repetirse. El fentanilo, como sustancia, no reconoce fronteras ni discursos políticos.

Declararlo un arma de destrucción masiva puede resultar eficaz como mensaje, pero también revela una vieja tentación estadounidense: responder a una crisis social compleja con el lenguaje de la guerra.

La pregunta de fondo no es si el fentanilo mata eso es incuestionable, sino si tratarlo como un enemigo militar acerca al país a una solución duradera o si, una vez más, posterga la discusión incómoda sobre consumo, desigualdad, salud mental y responsabilidad colectiva. Porque ninguna orden ejecutiva, por contundente que sea, puede firmar el fin de una crisis que nace dentro de casa.