2026/03/06 - 10:51

La jurisprudencia de la SCJN no condena a los centros de rehabilitación ni a quienes los sostienen: les exige que operen con protocolos, con supervisión y con respeto a los derechos de las personas. En un país con una crisis de adicciones en expansión, esa distinción importa.

México enfrenta hoy una de las crisis de adicciones más complejas de su historia moderna. El consumo de metanfetaminas, fentanilo y otras sustancias se ha expandido hacia poblaciones y territorios que hace una década parecían ajenos al problema. En ese contexto, los centros de rehabilitación y los grupos de autoayuda no son el enemigo: son, con frecuencia, el único sostén real que encuentran las familias cuando el sistema de salud pública no llega.

Eso hay que decirlo con claridad antes de cualquier otra cosa. Hay centros que han acompañado a miles de personas a salir de la adicción. Hay grupos comunitarios que operan con vocación genuina, con métodos que funcionan y con una presencia territorial que el Estado no tiene. Descalificarse a todos por los excesos de algunos sería un error tan grave como ignorar esos excesos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no los descalifica. Lo que hace, a través de las tesis 2a./J. 54/2025 y 2a./J. 55/2025 de la Segunda Sala, es establecer una línea que nunca debió cruzarse: el internamiento de una persona contra su voluntad, sin proceso, sin supervisión médica y sin posibilidad de impugnación, viola sus derechos fundamentales. Cualquier persona puede ahora promover un amparo en nombre de quien esté en esa situación. La diferencia entre ayudar y retener ya tiene consecuencias jurídicas.

La resolución llega tarde, pero llega con precisión. Y obliga a plantear la pregunta que el debate ha evitado: ¿cuántos de estos centros están totalmente equipados para operar con los protocolos que la ley y la dignidad humana exigen?

De los más de dos mil establecimientos residenciales para el tratamiento de adicciones que operan en el país, la gran mayoría funciona sin reconocimiento oficial, sin supervisión sanitaria y sin estándares verificables de atención. No todos abusan. Pero todos operan en un vacío regulatorio que hace imposible distinguir, desde afuera, cuáles sí lo hacen.

Ese vacío tiene víctimas concretas. Investigaciones de organismos de derechos humanos y testimonios documentados describen prácticas que van desde métodos coercitivos de disciplina hasta condiciones de hacinamiento e insalubridad. El problema, insistimos, no es la existencia de los centros: es la ausencia del Estado como supervisor, como regulador y como garante de que quien ingresa a uno de ellos sale en mejores condiciones de las que entró.

Quien recurre al internamiento de un familiar, en la mayoría de los casos, lo hace desde la desesperación y desde el amor, no desde la crueldad. El Estado los abandonó al no construir alternativas, al no informarles sobre sus opciones, al no supervisar los lugares a los que acudieron. La sentencia de la Corte no castiga a esas familias: les recuerda que su familiar también tiene derechos, y que esos derechos no se suspenden porque alguien los ame o porque esté sufriendo.

La jurisprudencia de la Suprema Corte abre una conversación que México necesitaba con urgencia. Para que tenga efecto real, hacen falta cosas concretas: un sistema de atención en crisis con cobertura nacional, mecanismos de intervención asistida con participación médica y judicial, una regulación efectiva con consecuencias reales  para todos los centros de rehabilitación, y una red de apoyo comunitario que llegue a las familias antes de que lleguen a la desesperación.

Esto no significa clausurar los centros que funcionan bien. Significa exigirles que lo demuestren: con expedientes clínicos, con personal capacitado, con protocolos de ingreso y egreso, con supervisión periódica. Un centro que ayuda de verdad no tiene nada que temer de la regulación. Uno que opera con impunidad, sí.

México tiene una crisis de adicciones que no va a resolverse sola, y tiene comunidades que llevan años intentando hacerle frente con los recursos que tienen. La Corte no les dio la espalda: les trazó el camino correcto. Ayudar sí, siempre, con toda la fuerza posible. Pero con reglas, con protocolos y con la dignidad de la persona en el centro de todo.