2026/01/14 - 12:08

En un hospital de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una niña de trece años enfrentó un parto de alto riesgo a principios de enero. El alumbramiento, complicado por la inmadurez física de su cuerpo y un embarazo de 34 semanas, requirió cesárea de emergencia y manejo intensivo debido a complicaciones respiratorias.  Un joven de diecisiete años, presentado como su “esposo”, la acompañó al Hospital de la Mujer y la entregó al personal médico.  La familia avalaba la unión bajo usos y costumbres de la comunidad indígena de San Juan Chamula. La Fiscalía de Justicia Indígena abrió una carpeta de investigación por posible pederastia y violencia sexual, aunque la menor y el bebé prematuro ya se reportan estables y fuera de peligro tras traslado al Hospital de las Culturas.

Los números son implacables. En este año, la Secretaría de Salud registró casi treinta mil casos de morbilidad materna extremadamente grave, y 269 de ellos ocurrieron en niñas de diez a catorce años. Organizaciones como Ipas LAC calculan que, cada día, unas diecinueve niñas en ese rango etario se convierten en madres. Aunque la tasa de fecundidad adolescente ha bajado lentamente, de más de setenta nacimientos por mil en algunos estados a cifras más moderadas, los embarazos en menores de quince años no solo no desaparecen, sino que en algunos indicadores han aumentado ligeramente. La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, lanzada hace una década con la meta de erradicar los partos en niñas de diez a catorce años para 2030, parece cada vez más lejana.

Detrás de estas cifras hay violencia. La mayoría de estos embarazos son producto de abuso sexual, muchas veces en entornos familiares o comunitarios donde la pederastia se normaliza bajo el disfraz de tradiciones o uniones tempranas. En comunidades indígenas, donde las tasas duplican el promedio nacional, la pobreza, la falta de educación sexual integral y el acceso limitado a anticonceptivos agravan el problema. Chiapas, Guerrero y otros estados del sur concentran los casos más alarmantes, pero ningún rincón del país está exento.

Y las consecuencias son devastadoras: abandono escolar, ciclos de pobreza perpetuados, riesgos de salud que marcan de por vida. Una niña que es madre no solo pierde su infancia; a menudo, pierde oportunidades de construir un futuro propio.

México ha avanzado en leyes que prohíben el matrimonio infantil y promueven la educación sexual, pero la implementación falla. Falta voluntad política, presupuesto suficiente y, sobre todo, un cambio cultural que priorice los derechos de las niñas sobre costumbres que las condenan. Mientras casos como el de Chiapas sigan ocurriendo, y se atienden dos o tres al día solo en hospitales públicos de ese estado, el país no podrá presumir de progreso real.

Ninguna niña debería ser madre. Es hora de actuar como si lo creyéramos de verdad.