2026/03/04 - 09:11

Emiliano Sesma. -En Veracruz, la discusión sobre la paridad de género ya no es una aspiración retórica, sino una realidad jurídica que comienza a transformar la vida pública desde su base más cercana: las comunidades. La decisión del Congreso del Estado de Veracruz de llevar a la ley y a los reglamentos municipales la paridad en la elección de agentes y subagentes municipales marca un momento relevante en la evolución democrática del estado. No se trata de una moda política ni de una ocurrencia administrativa; es el resultado de un proceso legislativo que busca ampliar derechos y equilibrar la representación.

En ese proceso ha sido clave el liderazgo de Esteban Bautista Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Veracruz. Desde la JUCOPO, Bautista Hernández ha impulsado acuerdos y construido consensos para que estos temas no queden atrapados en la confrontación partidista. Su papel ha sido estratégico: colocar en la agenda legislativa la armonización normativa necesaria para que la paridad no dependa de la voluntad política de cada ayuntamiento, sino que sea una obligación clara y general. Ese es el verdadero sentido de gobernar desde el Congreso: garantizar reglas parejas para todos.

En municipios como Misantla, donde ya se preparan las elecciones de agentes y subagentes, no han faltado voces que interpretan estas disposiciones como una supuesta “imposición” del ayuntamiento. Sin embargo, es importante precisar algo fundamental: la paridad no nace en los cabildos municipales, sino en el Poder Legislativo estatal. Es una determinación del Congreso, sustentada en principios constitucionales de igualdad y no discriminación, que busca asegurar que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades de participar y representar a sus comunidades.

Confundir la aplicación de la ley con una imposición política es un error que puede distorsionar el debate público. La democracia no se debilita cuando se establecen reglas para garantizar igualdad; al contrario, se fortalece. La paridad no elimina la libre elección, no designa ganadores ni suplanta la voluntad popular. Lo que hace es asegurar que las mujeres tengan las mismas posibilidades reales de contender y ocupar cargos que históricamente les fueron limitados en muchos espacios comunitarios.

En el fondo, esta reforma representa un cambio cultural profundo. Las agencias y subagencias municipales son el primer contacto entre ciudadanía y gobierno; allí se gestionan obras, se canalizan demandas y se construyen acuerdos locales. Incorporar la perspectiva de género en estos espacios no es un capricho ideológico, sino una medida de justicia democrática. Cuando más mujeres participan en la toma de decisiones, las comunidades se enriquecen con nuevas visiones y prioridades.

Hoy el mensaje es claro. No se trata de imponer, sino de equilibrar; no se trata de restringir la democracia, sino de ampliarla. En tiempos donde la desinformación puede generar resistencias, conviene recordar que las leyes que promueven igualdad no atacan la autonomía municipal: la perfeccionan. Y en ese camino, el Congreso del Estado y su liderazgo legislativo han decidido colocar la paridad no como opción, sino como principio rector de la vida pública comunitaria. Por lo que hay que ponerle fecha a las buenas acciones de los ayuntamientos, como el de Misantla, para llevar a la practica lo que el Congreso ha fijado en la ley.