2026/02/25 - 09:41

Emiliano Sesma. -En México, pocos programas federales han generado tanta esperanza en comunidades marginadas como La Escuela es Nuestra. La lógica es simple y poderosa: entregar directamente los recursos a comités integrados por madres y padres de familia para que, sin intermediarios, decidan y ejecuten mejoras en los planteles. Se trata de un modelo basado en la confianza comunitaria, la participación ciudadana y la corresponsabilidad. Sin embargo, cuando esa confianza se rompe, el daño no solo es material: es moral y social.

En municipios como Misantla y sus alrededores, han trascendido diversos señalamientos sobre casos en los que integrantes de comités escolares presuntamente se apropiaron del dinero destinado a infraestructura educativa. Techos que no se construyeron, baños que siguen inservibles, aulas que continúan deteriorándose mientras los recursos desaparecen. En algunos casos ya existen denuncias formales; sin embargo, los procesos legales avanzan con lentitud y hasta ahora no se conocen sanciones ejemplares. Esa falta de consecuencias envía un mensaje preocupante: que el delito puede quedar impune.

No se trata de generalizar ni de descalificar a la mayoría de madres y padres que sí cumplen con responsabilidad su encargo. En cientos de escuelas el programa ha permitido rehabilitar salones, bardear planteles, instalar techumbres y dignificar espacios que por años estuvieron en el abandono. Pero precisamente por esos logros resulta aún más indignante que unos cuantos manchen el esfuerzo colectivo y vulneren el derecho de niñas y niños a estudiar en condiciones dignas.

El problema no es solo jurídico, sino comunitario. Cuando alguien huye con el dinero del plantel, no roba al gobierno: le roba a la escuela de su propia colonia, a los hijos de sus vecinos, al futuro inmediato de su comunidad. Esa fractura genera desconfianza entre padres, confrontaciones internas y un clima de sospecha que debilita el tejido social. Y si las autoridades no actúan con celeridad, la percepción de impunidad se convierte en incentivo para que otros intenten hacer lo mismo.

Ante esta realidad, la respuesta no puede limitarse a esperar sentencias que tardan años en llegar. La ciudadanía organizada tiene herramientas: exigir transparencia total en asambleas, solicitar informes periódicos de gastos, pedir comprobantes públicos, integrar comités de vigilancia y documentar cualquier irregularidad desde el primer momento. La participación no debe terminar cuando se recibe el recurso; al contrario, ahí comienza la verdadera responsabilidad colectiva.

La rendición de cuentas debe ser una práctica cotidiana, no una reacción tardía ante el escándalo. Si las comunidades de Misantla y la región fortalecen la vigilancia social y acompañan las denuncias hasta sus últimas consecuencias, enviarán un mensaje claro: la educación no se toca. Porque cada peso desviado es una oportunidad perdida para una generación entera.

La Escuela es Nuestra nació bajo la premisa de que el pueblo administra mejor sus recursos. Para que esa idea siga viva, la honestidad y la vigilancia ciudadana deben caminar juntas. Por lo que hay que ponerle fecha a todos los casos que siguen sin resolverse, sin castigo no hay justicia; sin participación no hay prevención. Y sin escuelas dignas, no hay futuro.