2026/02/18 - 09:46

Emiliano Sesma.- La salida de Marx Arriaga Navarro de la Secretaría de Educación Pública no es un episodio menor dentro de la vida pública del país. No se trata únicamente del relevo de un funcionario, sino de una escena que retrata tensiones más profundas: la disputa por el rumbo educativo, la personalización del poder y la fragilidad institucional cuando los procesos administrativos se convierten en espectáculo.

Arriaga fue una de las figuras centrales en la elaboración de los libros de texto gratuitos bajo el modelo de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Desde ese espacio defendió una visión pedagógica que buscaba romper con esquemas tradicionales y apostar por contenidos con mayor enfoque social. Sin embargo, la implementación estuvo rodeada de críticas: acusaciones de sesgo ideológico, errores metodológicos y falta de consulta técnica suficiente. En un país donde la educación pública es uno de los pilares del Estado, cualquier modificación a los libros de texto toca fibras sensibles.

El conflicto escaló cuando se anunció su relevo del cargo y él decidió permanecer en su oficina argumentando que no había recibido notificación formal. La imagen de un funcionario resistiéndose a dejar el despacho no sólo alimentó titulares, sino que expuso una realidad incómoda: en México, los cargos públicos siguen viéndose —en ocasiones— como trincheras personales y no como encargos temporales al servicio de la ciudadanía.

La postura de la presidencia, encabezada por Claudia Sheinbaum, fue clara al señalar que los libros de texto no pertenecen a una persona. Y en eso hay una verdad esencial: las políticas públicas deben trascender a los individuos. Cuando un proyecto depende en exceso de una figura, se debilita su legitimidad institucional.

Pero también conviene matizar. Más allá del estilo confrontativo del desenlace, el debate de fondo sigue abierto: ¿qué modelo educativo necesita México? ¿Cómo se garantiza pluralidad en los contenidos? ¿Quién debe tener la última palabra en la orientación pedagógica del país? Reducir la discusión a la anécdota del “atrincheramiento” puede distraer del tema central: la calidad y el equilibrio de la educación pública.

El caso Arriaga deja varias lecciones. Primero, que las reformas educativas requieren diálogo amplio y técnico, no sólo convicción política. Segundo, que las instituciones deben cuidar las formas tanto como el fondo. Y tercero, que el servicio público implica aceptar que los cargos son transitorios.

La educación no puede convertirse en campo de batalla personal ni en trofeo ideológico. Si algo debería quedar claro tras este episodio es que la escuela pública pertenece a millones de estudiantes, no a quienes temporalmente administran sus contenidos. Por lo que hay que ponerle fecha a que cuando la política invade el aula, la prioridad siempre debe ser una: el aprendizaje de las niñas y los niños de México.