2026/11/04 - 21:25

Modernizar la economía mexicana es necesario.

Los pagos digitales agilizan las operaciones y pueden ampliar la inclusión financiera. Sin embargo, una cosa es promover nuevas herramientas y otra muy distinta convertirlas en la única forma de pago.

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada este 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, abre precisamente esa discusión.

La legislación busca impulsar el uso de tarjetas, transferencias, códigos QR y tecnología NFC, pero también contempla que determinados sectores estratégicos o actividades relevantes puedan operar exclusivamente mediante pagos digitales.

El propósito es reducir los riesgos asociados al manejo de dinero físico, facilitar la fiscalización y combatir prácticas ilícitas. Sin embargo, esta transición también puede generar nuevos riesgos relacionados con la ciberseguridad, el fraude y la protección de datos personales.

El punto central está en los artículos 13 y 14. La Secretaría de Hacienda determinará cuáles serán esos sectores y las autoridades competentes establecerán las condiciones y los plazos para transitar gradualmente del efectivo a los medios electrónicos.

Los artículos transitorios establecen un plazo de quince días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la ley, para que Hacienda realice dicha determinación.

Un ejemplo es el sector gasolinero. Empresarios y asociaciones respaldan la modernización de los métodos de pago, pero cuestionan que se elimine la posibilidad de utilizar efectivo. Su preocupación es operativa, económica y social.

Las estaciones de servicio atienden a consumidores con distintas posibilidades de acceso a servicios bancarios, conectividad y dispositivos electrónicos.

El efectivo sigue siendo una alternativa indispensable para quienes no tienen tarjeta, cuenta bancaria o teléfono inteligente.

Los pagos digitales ofrecen ventajas, pero también dependen de electricidad, internet, terminales funcionales, protección de datos y mecanismos eficaces contra el fraude y los ataques cibernéticos.

Además, implican costos por operación, adquisición de equipos y contratación de servicios financieros. Para las estaciones pequeñas o ubicadas en zonas rurales, estas condiciones pueden representar una carga adicional que termine trasladándose al consumidor.

El gran reto para el gobierno es entender que no se puede exigir una economía completamente digital donde todavía persisten brechas de conectividad y bancarización.

La modernización no debe convertirse en una nueva forma de exclusión.

No todos los negocios cuentan con la misma infraestructura ni atienden al mismo perfil de consumidor. Una política uniforme puede producir resultados desiguales.

México necesita una economía más eficiente y digital. Pero la tecnología debe ampliar las opciones, no reducirlas.

El efectivo no es sinónimo de atraso, como tampoco los pagos digitales garantizan por sí mismos inclusión, eficiencia o seguridad. Incluso en países de la Unión Europea, el dinero en efectivo continúa siendo un medio de pago relevante para millones de personas.

La verdadera modernización consiste en ofrecer alternativas confiables, accesibles y competitivas. La pregunta no es si debemos modernizar los pagos, sino cómo hacerlo sin dejar a nadie atrás.

Una economía moderna no se mide por la desaparición del efectivo, sino por su capacidad de garantizar que todas las personas puedan participar en ella.

Modernizar la economía no significa imponer una sola forma de pagar. Porque el dinero puede ser digital garantizando la libertad económica.