2026/08/24 - 14:07
De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, un acuífero es una formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas del subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento.
El estado de Veracruz cuenta con 18 acuíferos principales registrados y monitoreados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Los acuíferos son vitales porque garantizan el consumo humano, sostienen la economía en los sectores agrícola, industrial y de servicios; nos protegen de las sequías, pues son una reserva natural confiable en temporadas de estiaje; mantienen vivos los ecosistemas al alimentar manantiales, ríos y humedales que permiten la vida de flora y fauna; y actúan como filtros naturales, ya que el agua de lluvia que atraviesa las capas de suelo y roca retiene sedimentos y contaminantes, mejorando su calidad.
Hoy tenemos el reto social de preservar nuestra casa común. El gran desafío en Veracruz es la conservación, pues cinco de estos acuíferos ya presentan déficit en su disponibilidad: se extrae agua más rápido de lo que logran recargarse.
En Diálogo Bajo la Lupa revisamos la disponibilidad media anual del acuífero de Cotaxtla, Veracruz, actualizada por CONAGUA en 2024.
El acuífero —clave 3008— presenta un déficit de *29.204653 millones de m³ anuales*. Su recarga media anual es de 356.5 hm³, pero tiene una extracción de 215.1 hm³ y una descarga natural comprometida de 170.6 hm³. En otras palabras, no existe volumen disponible para otorgar nuevas concesiones.
Además, este acuífero abarca parcialmente municipios de las Altas Montañas, entre ellos Huatusco, Córdoba, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Tomatlán, Tepatlaxco, Alpatláhuac, Calcahualco, Zentla, Amatlán de los Reyes y La Perla.
En las Altas Montañas necesitamos entender que todo está conectado. Un residuo mal dispuesto puede terminar en un arroyo. Un desecho contaminado puede infiltrarse al subsuelo. Una descarga de aguas residuales sin tratamiento puede llegar a un río y, finalmente, afectar un sistema que abastece de agua, produce alimentos y sostiene ecosistemas.
El documento de CONAGUA debería encender una alerta regional. Y lo más importante: este no es sólo un problema de agua, estamos hablando de salud pública, agricultura, economía y calidad de vida.
Por eso necesitamos cambiar la pregunta. No se trata de señalar empresas. Se trata de saber qué descargan, dónde descargan, cuánto descargan, qué tratamiento reciben esas aguas y si cumplen con la normatividad.
También debemos reconocer que la solución no corresponde únicamente al gobierno. Experiencias como la de Fundación Salvemos el Agua, impulsada por Alejandro de la Madrid, muestran que la sociedad civil puede participar activamente en la defensa y recuperación de nuestros recursos hídricos. Pero necesitamos pasar de las buenas intenciones a una estrategia regional.
Lo que hagamos en las montañas tiene consecuencias aguas abajo. El río no conoce límites municipales. El acuífero tampoco. Por eso las Altas Montañas necesitan una política regional del agua y los residuos.
Tenemos que dejar de reaccionar cuando el río ya está contaminado, cuando el basurero ya es un riesgo o cuando una comunidad ya no tiene agua.
La prevención cuesta menos que la emergencia y proteger el agua cuesta menos que recuperar un ecosistema destruido.
La pregunta no debe ser cuánto cuesta atender el problema. La pregunta correcta es:
¿cuánto estamos dispuestos a pagar por no haberlo prevenido?
Como dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres, en la COP27 de noviembre de 2022: “Estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador”.