2024/08/21 - 09:39

La propuesta de Reforma Constitucional al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un punto crucial en el debate de la modernización del sistema judicial en México. Este intento de reestructuración profunda, que incluye la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subraya la intención del Ejecutivo de intervenir de manera decisiva en un poder del Estado.

Sin embargo para la mayoría de los mexicanos, las reformas judiciales en México, “ese encantador tema que nos tiene al borde del asiento desde hace años”; es un tema ajeno a la cotidianidad del mexicano promedio que observa a los trabajadores del PJF en 28 estados del país que han tomado los edificios y se han ido a huelga, para defender la soberanía del Poder Judicial de la federación, uno de los tres poderes de la república mexicana.

Es curioso que la idea de que el Ejecutivo decida directamente quiénes serán los jueces y magistrados, sin esos molestos intermediarios del Consejo de la Judicatura Federal, suena tan práctico ¿Para qué se necesitan contrapesos cuando se puede tener un poder ejecutivo tan equilibrado que puede hacer malabares con todos los poderes del Estado a la vez? Y es que la narrativa oficial es la de combatir la corrupción y la impunidad, proponiendo una estructura más alineada con las prioridades del Ejecutivo.

Sin embargo, esta propuesta ha generado una respuesta contundente de diversos sectores que advierten sobre los riesgos que implica concentrar aún más poder en manos del presidente. La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano clave para la administración y disciplina de los tribunales, es vista como una amenaza directa a los mecanismos de contrapeso dentro del sistema judicial. Este cambio podría debilitar los controles internos y facilitar un mayor grado de injerencia política en el proceso judicial, lo cual plantea serias preocupaciones sobre la independencia de este poder del Estado.

Además, la designación directa de jueces y magistrados por parte del Ejecutivo suscita dudas sobre la imparcialidad de estos funcionarios, quienes podrían sentirse presionados a alinear sus decisiones con los intereses del gobierno en turno. Esta situación podría derivar en una "judicialización de la política", donde las decisiones judiciales se vean influenciadas por consideraciones políticas más que por un estricto apego a la ley.

La creación de un nuevo Instituto de Defensoría Pública, si bien tiene el objetivo loable de mejorar el acceso a la justicia, también enfrenta interrogantes sobre su viabilidad y autonomía. La centralización de su gestión bajo el control del Ejecutivo podría comprometer su capacidad para operar de manera independiente, especialmente en casos donde los intereses del gobierno estén en juego.

En un contexto donde el equilibrio de poderes es fundamental para la estabilidad democrática, esta reforma plantea un camino opuesto. Es cierto que el Poder Judicial mexicano requiere cambios profundos para mejorar su eficiencia y combatir la corrupción, pero es importante que estos cambios no erosionen la independencia judicial ni debiliten las instituciones encargadas de garantizar la justicia, ni que se afecte la salud democrática del país.

En fin, mientras la discusión continúa, uno no puede evitar admirar la audacia de proponer cambios tan radicales. ¿Que pasará con nuestro país si se concentra un poder sin precedentes en la figura del presidente? ¿Podría desparecer la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial? Pero parece que eso es secundario, lo importante es que todo esto se hace en nombre del pueblo y en la gran obra del teatro político mexicano: el espectáculo debe continuar.