2026/07/15 - 10:14

Existe un documento que, aunque pocas veces ocupa los titulares, es probablemente el más importante de toda administración municipal: el Plan Municipal de Desarrollo. Ahí se plasma el diagnóstico de los problemas del municipio, los objetivos del gobierno, las estrategias para resolverlos, las metas, los indicadores y hasta la forma en que se ejercerán los recursos públicos. No es un requisito burocrático cualquiera; es la hoja de ruta que guiará cada decisión durante los cuatro años de gobierno. Precisamente por esa importancia, el Congreso del Estado somete todos los planes a una revisión técnica basada en 42 criterios metodológicos, legales y de planeación antes de emitir su aprobación. Entre esos aspectos se evalúan la consulta ciudadana, el diagnóstico, la alineación con los planes estatal y nacional, los indicadores de resultados, la planeación financiera y los mecanismos de seguimiento y evaluación.

El reciente reportaje publicado por La Silla Rota Veracruz puso sobre la mesa una realidad preocupante: 55 municipios veracruzanos no lograron acreditar las condiciones técnicas mínimas establecidas por el Congreso y deberán corregir observaciones antes de dar por sólido su instrumento de planeación. No significa únicamente que existan errores de forma; en muchos casos las observaciones corresponden a deficiencias en la metodología, la consulta ciudadana, la planeación financiera, la construcción de indicadores y la definición de objetivos claros para gobernar. En otras palabras, el documento que debería orientar las decisiones públicas nació incompleto o mal estructurado.

En el Distrito Local VIII, con cabecera en Misantla, llaman especialmente la atención los casos de Tonayán, Tlacolulan, Tenochtitlán y Jilotepec, cuyos planes aparecen entre los observados por el Congreso. De acuerdo con el reportaje de La Silla Rota Veracruz, en Tenochtitlán, Tonayán y Jilotepec las observaciones se relacionan con deficiencias en apartados esenciales como la integración metodológica del documento, la construcción de indicadores para medir resultados, la planeación financiera, la definición de estrategias y diversos elementos técnicos indispensables para que un Plan Municipal de Desarrollo pueda servir realmente como instrumento de gobierno. Es decir, no se trata de detalles menores, sino de componentes fundamentales que permiten convertir las promesas de campaña en políticas públicas medibles y evaluables.

El caso de Tenochtitlán resulta especialmente preocupante. Si un gobierno inicia su administración sin presentar correctamente el documento que marcará el rumbo de los siguientes cuatro años, inevitablemente genera dudas sobre la planeación con la que está tomando decisiones. Más aún cuando, durante sus primeros meses de gestión, el alcalde Fernando Sánchez ha sido objeto de cuestionamientos por decisiones que muchos habitantes consideran alejadas de las prioridades del municipio. Un ejemplo es la construcción de un arco de bienvenida con un costo cercano al millón y medio de pesos, una inversión que ha sido comparada con obras similares de menor costo realizadas en municipios vecinos. A ello se suma un festejo de feria que, de acuerdo con la percepción de numerosos ciudadanos, registró baja participación en actividades emblemáticas como la cabalgata y el baile popular. Todo ello alimenta la impresión de un gobierno que aún no logra conectar con las verdaderas necesidades y expectativas de la población.

Gobernar no consiste únicamente en inaugurar obras o realizar eventos públicos. Gobernar implica saber hacia dónde se quiere llevar al municipio y contar con un plan serio para lograrlo. Un buen Plan Municipal de Desarrollo brinda certeza a la ciudadanía, facilita la evaluación del desempeño gubernamental y permite que cada peso del presupuesto tenga un propósito claro. Cuando ese documento presenta deficiencias, lo que se evidencia no es solo una falla administrativa, sino una debilidad en la capacidad de planeación del gobierno municipal. Los alcaldes todavía tienen la oportunidad de corregir las observaciones formuladas por el Congreso, pero también tienen el reto de demostrar con hechos que esas omisiones no reflejan la manera en que conducirán sus administraciones. Porque un municipio puede corregir un documento; pero póngale fecha a lo que resulta mucho más difícil, es recuperar la confianza ciudadana cuando la primera impresión es la de un gobierno que comenzó su gestión sin un rumbo definido.