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Congreso retira el fuero al alcalde de Úrsulo Galván; fiscalía podrá proceder penalmente

* El Pleno avaló la declaratoria de procedencia; el caso marca un precedente en la actual Legislatura y abre expectativas sobre otros posibles desafueros en Veracruz.

Xalapa, Ver - / Chiltepín

Xalapa, Ver | 2026/08/06 - 11:58

Reportera de la web.- El Congreso del Estado de Veracruz aprobó este miércoles la declaratoria de procedencia para retirar el fuero constitucional al presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, permitiendo con ello que la Fiscalía General del Estado continúe el proceso penal que mantiene en su contra por su presunta relación con la desaparición de un empresario y su escolta.

La resolución fue aprobada durante la sesión del Pleno, luego de que la Comisión Permanente Instructora determinara que existían elementos jurídicos suficientes para que el edil perdiera la inmunidad procesal que le otorgaba el cargo.

Con esta determinación, Bertín Bravo deja de contar con la protección constitucional que impedía su procesamiento penal mientras ejercía la presidencia municipal, por lo que ahora corresponderá a las autoridades ministeriales y, en su caso, al Poder Judicial, determinar su situación jurídica.

No es una sentencia

Diputados locales precisaron durante la discusión que la declaratoria de procedencia no constituye una condena ni prejuzga sobre la culpabilidad del alcalde, sino que únicamente elimina el obstáculo constitucional para que las investigaciones continúen conforme al debido proceso.

El procedimiento de desafuero es una figura prevista en la legislación para garantizar que los servidores públicos puedan ser investigados cuando existan indicios suficientes sobre la probable comisión de un delito, sin que ello represente una resolución definitiva sobre el fondo del asunto.

Investigación por desaparición
La solicitud presentada por la Fiscalía General del Estado está relacionada con la investigación por la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y uno de sus escoltas, ocurrida durante mayo de este año.

Desde entonces, el caso ha permanecido bajo investigación ministerial y fue la propia Fiscalía la que solicitó al Congreso retirar la inmunidad constitucional del alcalde para poder ejercer acción penal.

Durante el procedimiento legislativo, Bravo Montero compareció ante la Comisión Instructora para presentar pruebas y alegatos en su defensa; sin embargo, éstos no fueron suficientes para impedir que el expediente avanzara hasta el Pleno.
Precedente político

El desafuero representa uno de los asuntos políticos más relevantes que enfrenta el Congreso veracruzano en este año.

Aunque jurídicamente cada expediente se analiza de manera independiente, la decisión genera expectativa debido a que existen otros procedimientos similares en curso, entre ellos el del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, también sujeto a un proceso de declaración de procedencia.

Especialistas consideran que la resolución envía un mensaje de que el fuero constitucional no debe interpretarse como un mecanismo de impunidad, mientras que sectores de oposición han advertido que estos procedimientos deberán conducirse con absoluta imparcialidad para evitar cualquier percepción de utilización política de la justicia.

¿Qué sigue?
Con la declaratoria aprobada, la Fiscalía podrá solicitar ante un juez las medidas cautelares que considere procedentes y continuar el proceso penal conforme a derecho.

Será la autoridad judicial quien determine, con base en las pruebas que presente el Ministerio Público y la defensa, la responsabilidad o inocencia del ahora alcalde desaforado.

La resolución del Congreso no implica por sí misma una condena, pero sí marca un precedente importante sobre el alcance del fuero constitucional en Veracruz y coloca bajo los reflectores a otros expedientes que podrían llegar próximamente al Poder Legislativo.

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