En su afán por mostrarse “celoso del cumplimiento de su deber”, como seguramente le enseñaron en la escuela, el secretario de Seguridad pública de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, termina admitiendo que el personal a su cargo no cumple con los requisitos que establece la ley. *** El capitán de navío informó que tras la desaparición de la Fuerza Civil, los elementos que integraban esa agrupación fueron integrados a la subsecretaría operativa de Seguridad Pública y anunció que a todos ellos “se les aplicarán exámenes de control y confianza para determinar su permanencia”. *** “Ningún elemento va a ser dado de baja, todos van a conservar sus propios derechos, sin embargo, el que no apruebe sus exámenes de control y confianza por Ley tiene que ser dado de baja”, cantinfleó Zúñiga Bonilla. Por fin: ¿ninguno será dado de baja, o los que no aprueben el examen sí serán dados de baja? ¿Sabe el secretario lo que significa “ninguno”? *** Pero lo grave no es el galimatías del funcionario, sino la confesión de que los elementos de la Fuerza Civil actuaban sin cumplir con el ineludible requisito de someterse -y aprobar- a un examen de control y confianza. *** La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Veracruz establece en su artículo

259 que la certificación “es el proceso mediante el cual las personas aspirantes e integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones establecidas por el Centro de Evaluación, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia”. *** El artículo 260 advierte: “Las Instituciones Policiales contratarán únicamente al personal operativo que cuente con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley General y en la presente Ley”, pero el siguiente artículo, el 261 lo deja muy claro: “Ninguna persona aspirante podrá ingresar a las Instituciones Policiales, ni las y los integrantes permanecer en las mismas, sin contar con el Certificado y registro vigentes”. *** ¿Tiene el personal que estuvo adscrito a la Fuerza Civil su certificado y registro vigentes? Si no es así, ¿cómo es que seguían actuando si contar con ese requisito? Y si lo tienen vigente, ¿por qué se les somete a una nueva evaluación? *** Lo cierto es que la Secretaría de Seguridad Pública no ha cumplido con el mandato legal de tener a todo su personal con la certificación y eso debería implicar un deslinde de responsabilidades y sanciones (hasta el cese y la consignación) para quienes han violentado, por omisión, la ley que los rige.

 

 

Han pasado ya casi seis años desde que Cuitláhuac García asumió el cargo como gobernador, y es natural que, para alguien tan omiso en sus responsabilidades, llegue el momento en el que se le acaben los argumentos.

El discurso oficial desde diciembre del 2018 a la fecha es que “todo está bien” y cuando algo no esté bien -porque no puedan ocultarlo- entonces “es culpa de los gobiernos conservadores” que lo antecedieron.

Y el recurso es válido… pero sólo al principio. Ante la incansable repetición del pretexto, los ciudadanos comienzan a preguntarse: “y entonces él, ¿cuándo empezará a trabajar para resolver los problemas que encontró a su llegada? ¿Esperaba, acaso, encontrar todo en orden?”.

Venir a decir que, en efecto, faltó invertir en Radio y Televisión de Veracruz (RTV), pero que esa, como “todas las dependencias” se las dejaron “cayéndose” es, a todas luces, admitir que durante seis años no fue capaz de rescatar ese estratégico medio de comunicación.

Porque no se puede hablar de “rescate” a los trámites que hizo su gobierno para recuperar los permisos de transmisión, gestiones que quizá tuvieron que hacerse en la administración previa, pero que su “extraordinario equipo” (el director de RTV, el área jurídica de la televisora y sus consejeros jurídicos) no se tomaron la curiosidad de revisar lo que recibían.

Y vaya un ejemplo muy simple:

Si usted, ciudadano veracruzano, adquiere un bien comercial y a los seis meses recibe la visita de inspectores que le hacen ver que sus permisos no fueron refrendados, con seguridad habrá de renegar del anterior dueño, pero al final tendrá que reconocer que fue usted quien no revisó de manera eficaz la documentación recibida.

Esa fue la argumentación de los responsables en el bienio de Yunes Linares: “ahí están las actas de entrega-recepción. Si hubieran hecho bien su trabajo, desde el primer día de su gobierno pudieron haber cubierto esos trámites que faltaban. No lo hicieron”.

Desde la óptica de Cuitláhuac García, en lugar de estar protestando y reclamando mejores condiciones de trabajo, los trabajadores de RTV deberían ponerle un altar, pues gracias a él siguen teniendo trabajo, gracias a él RTV sigue operando. “¡Y todavía salen con que quieren que invierta en fierros!”.

Lo que se pueda hacer por RTV le tocará a la próxima gobernadora… como muchas otras cosas más.

 

 

Se tardaron, es cierto, pero al final los trabajadores de RTV salieron a la calle a manifestar su descontento con el trato que han recibido y a exigir mejores condiciones de trabajo. *** En realidad, la organización sindical se mantuvo en silencio durante más de cinco años que lleva la actual administración estatal, y no fue sino hasta ahora, que el sexenio está por concluir, que desempolvaron las quejas de sus compañeros y pidieron la cabeza de un director que, de por sí, ya tiene los días contados en esa institución, pues con el cambio de gobierno su salida es irreversible. *** “Solicitamos una auditoría financiera, operativa y administrativa que determine el estado real de las finanzas y la gestión de Radio Televisión de Veracruz. Este esclarecimiento debe ser integral abarcando todos los ingresos generados por la renta de equipos, patrocinios y convenios así de como todos los egresos (…) Exigimos respuestas claras sobre las razones por las que no se ha invertido en equipamiento, ni en la renovación de insumos. Las razones por las que no se han implementado o actualizado comisiones de seguridad, higiene y protección civil como lo dicta la ley, y por qué no se han seguido las normas en materia de seguridad para proteger la integridad de los trabajadores”, señaló Alejandro Guevara Paz Serviles. *** Ya les respondió el gobernador: “fue culpa de Yunes”.