2026/05/25 - 11:36

Ahora resulta: después del niño ahogado, hay que tapar el pozo. Desde que iniciaron los periodos de gobierno emanados de la mal llamada cuarta transformación (4T), fue del conocimiento público su relación existente con los grupos de la delincuencia organizada, baste citar como ejemplo los nefastos resultados del llamado “culiacanazo”, con la liberación por órdenes de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de Ovidio Guzmán y su propia declaración que no solamente repitió a lo largo de todo su periodo de gobierno, sino que hizo efectiva de: a la delincuencia “abrazos y no balazos”.

Acción que propició que estos grupos delincuenciales lograran gobernar el aproximadamente 50 % del territorio nacional, con las consecuencias que todos los habitantes de este país tienen que soportar

Lo que propició que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (EU), haya investigado a varios políticos mexicanos que tienen relaciones con estas organizaciones, entre los que destacó por su gravedad el gobernador del Estado de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, que fue

la gota que derramó el vaso tanto a nivel nacional como internacional, dando a conocer que de rumor, paso a ser cierta la citada relación de contubernio entre algunas de las administraciones estatales y los cárteles de la droga que operan en México.

Así pues, una respuesta obligada de parte de la administración que tiene bajo su responsabilidad Claudia Sheinbaum Pardo, a tan grave situación del deterioro de los políticos morenistas mexicanos, fue el envío de reforma electoral que se hará al Congreso de la Unión de la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas (CVIC), que tiene la finalidad de investigar a los aspirantes a candidatos para conocer si tienen o han tenido alguna relación con la delincuencia organizada, lo que de ser confirmado los eliminaría como aspirantes a estas posiciones.

Comisión que hasta donde se han difundido informaciones, estaría integrada por 5 consejeros, con una duración en estos cargos de 3 años y funcionaria bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE), situación que está fuera de lugar, al ser el INE una instancia constitucionalmente para organizar elecciones y no para investigar a personas, lo que pone a la CVIC dentro del ámbito de la Fiscalía General de la República (FGR), de las fiscalías estatales o de la Ciudad de México (CDMX), según

el caso. Por lo que desde el diseño de su funcionamiento está mal.

En cuanto a quién o quiénes analizaran los perfiles de los interesados en participar en alguna elección, están: Centro Nacional de Inteligencia (CNI); Fiscalía General de la República (FGR); Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB). Pero de estas 4, las 3 primeras están totalmente controladas por personal de la 4T, a excepción de la CNVB.

También hasta donde por el momento se tiene información, todo parece indicar que los partidos políticos no están obligados a que sus aspirantes a candidatos tengan que ser investigados por la CVIC, que la petición es voluntaria.

Como se citó al inicio del presente texto, la función de la CVIC es investigar y analizar los perfiles de los aspirantes a candidaturas por parte de cualquier partido político, para conocer sí han tenido o tienen algún nexo con las organizaciones delincuenciales. Pero al ser una instancia diseñada y manejada por los morenistas, surge forzosamente el cuestionamiento: ¿Qué partido político confiaría el análisis e investigación de sus aspirantes a candidatos a la CVIC? La respuesta la conoce estimado lector. Sería como: Poner la Iglesia en manos de Lutero. Porque otras de las atribuciones que también tendrá la CVIC, es que después de analizar e investigar los perfiles de

los aspirantes y proporcionar los resultados a los incautos partidos, continuara la investigación.

Por el momento en este espacio solo abordamos lo relativo a esta iniciativa de reforma electoral propuesta por Sheinbaum Pardo. Pero próximamente abordaremos la propuesta del diputado Ricardo Monreal, que es más peligrosa aún para lo que queda de la democracia mexicana, que se refiere a la amañada “injerencia extranjera”. Usted qué opina estimado lector: Hasta el viernes.