2026/07/15 - 10:13

El transporte público es uno de los servicios que más impacta en la vida cotidiana de los veracruzanos. Miles de personas utilizan el taxi para acudir al trabajo, a la escuela, a consultas médicas o para realizar sus actividades diarias. Sin embargo, detrás de cada viaje existe una realidad que durante años ha permanecido sin resolverse: la actualización de las tarifas del servicio.

Esta semana, representantes de organizaciones de taxistas de diversas regiones del estado levantaron la voz para solicitar al Gobierno de Veracruz la instalación de una mesa de diálogo que permita revisar las tarifas vigentes, regular la operación de plataformas digitales y avanzar en la armonización de la legislación en materia de movilidad. No se trata de una demanda nueva, pero sí de una exigencia que cada vez encuentra más argumentos para ser atendida.

Es evidente que los costos de operación de un taxi ya no son los mismos que hace algunos años. El precio de los combustibles, las refacciones, los seguros, los trámites vehiculares y el mantenimiento de las unidades han incrementado considerablemente. A ello se suma el deterioro de muchas carreteras y calles que obliga a los concesionarios a realizar reparaciones constantes. Mantener una unidad en condiciones óptimas representa hoy una inversión mucho mayor que la contemplada cuando se establecieron las tarifas actuales.

Pero también es cierto que cualquier ajuste debe realizarse con sensibilidad social. El usuario enfrenta una realidad económica compleja y un incremento desproporcionado afectaría directamente su bolsillo. Por ello, la discusión no debe centrarse únicamente en subir tarifas, sino en construir un esquema justo, transparente y técnicamente sustentado que beneficie tanto a quienes prestan el servicio como a quienes lo utilizan.

Veracruz es un estado diverso. Las condiciones de movilidad de una ciudad como Veracruz-Boca del Río son muy distintas a las de municipios medianos o rurales como los de la región serrano-costeña. Por ello resulta necesario homologar criterios, pero respetando las particularidades de cada zona. Una tarifa única para todo el estado sería tan injusta como mantener tarifas congeladas que ya no responden a la realidad económica.

La petición de los transportistas abre también la puerta para discutir otros temas que forman parte de la modernización del servicio. Las plataformas digitales llegaron para quedarse y representan una alternativa para muchos usuarios. La competencia puede ser positiva cuando se desarrolla bajo reglas claras y equitativas. Lo que no puede permitirse es que unos operen bajo estrictas obligaciones legales y fiscales mientras otros lo hagan sin los mismos requisitos.

La movilidad del siglo XXI exige diálogo, tecnología, regulación y visión de futuro. Los taxistas tienen derecho a solicitar condiciones que hagan viable su actividad económica; los usuarios tienen derecho a tarifas razonables y a un servicio seguro; y el gobierno tiene la responsabilidad de encontrar el equilibrio entre ambas partes.

La gobernadora Rocío Nahle tiene ante sí la oportunidad de encabezar una discusión que ha sido postergada durante años. Escuchar a los concesionarios, a los operadores, a los especialistas y a los ciudadanos podría ser el primer paso para construir una política de transporte moderna y acorde con la realidad de Veracruz.

Porque al final, una tarifa justa no debe entenderse como un privilegio para un sector, sino como una herramienta para garantizar que el servicio público de taxi siga siendo una opción segura, eficiente y sostenible para millones de veracruzanos.