2026/07/07 - 10:39

En política, la confianza es importante; en el servicio público, nunca debe ser suficiente. Cuando un gobernador sale a respaldar públicamente a uno de sus principales colaboradores, el mensaje político es claro: el funcionario no está solo y cuenta con todo el respaldo del poder. Sin embargo, tratándose de un tema tan delicado como las presuntas irregularidades en las notarías públicas, la confianza personal debe traducirse en resultados verificables, no únicamente en declaraciones de respaldo.

La gobernadora Rocío Nahle afirmó que Ricardo Ahued es "un secretario serio, que no se presta ni a hacer comparsa de los cárteles ni de gente que simula". Son palabras de enorme peso político porque colocan al secretario de Gobierno como el principal responsable de conducir una de las tareas más sensibles de la actual administración: limpiar un sistema notarial que durante décadas acumuló denuncias, sospechas y expedientes que pocas veces llegaron hasta sus últimas consecuencias.

No es un secreto que el notariado veracruzano ha vivido largos periodos donde la cercanía política pesó más que el mérito profesional. Durante diversos gobiernos, las notarías fueron utilizadas como premios de fin de sexenio, cuotas de poder o recompensas para operadores políticos. Ese modelo convirtió una institución diseñada para brindar certeza jurídica en un espacio donde, en demasiadas ocasiones, la discrecionalidad sustituyó a la legalidad.

Por eso resulta relevante que el Gobierno del Estado anuncie el cierre de tres notarías y mantenga abiertas nuevas revisiones. La medida envía una señal de que existe disposición para revisar procedimientos que durante años permanecieron intocables. Pero la verdadera prueba apenas comienza.

Cerrar notarías genera impacto mediático; acreditar jurídicamente las irregularidades y sancionar a los responsables representa el verdadero desafío. La ciudadanía necesita conocer cuáles fueron las inconsistencias detectadas, qué procedimientos administrativos o penales se iniciaron y cuáles serán las consecuencias legales. De otra manera, el combate a las irregularidades corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de comunicación política más que en una política pública de rendición de cuentas.

La defensa del patrimonio de los ciudadanos merece mucho más que discursos. Cada escritura irregular puede representar el ahorro de toda una vida; cada operación fraudulenta puede significar el despojo de una vivienda, un terreno o un negocio familiar. Detrás de cada expediente existen personas que depositaron su confianza en instituciones que estaban obligadas a brindarles certeza jurídica.

También es acertado que la gobernadora advierta que no permitirá que grupos interesados aprovechen estos procesos para obtener beneficios indebidos. En un estado con fuerte polarización política y permanentes disputas por el poder local, siempre existe el riesgo de que investigaciones legítimas sean utilizadas como instrumentos de presión o de ajuste de cuentas. Precisamente por ello, la mejor garantía contra cualquier sospecha es la transparencia absoluta.

Ricardo Ahued llega a esta responsabilidad con una reputación pública construida durante décadas. Su trayectoria política le ha permitido conservar una imagen de funcionario prudente, institucional y alejado de los escándalos que con frecuencia acompañan la vida pública. Sin embargo, el prestigio personal tampoco sustituye la obligación de rendir cuentas. En el servicio público, las biografías ayudan; los resultados son los que finalmente califican.

El reto tampoco termina en las notarías. La depuración institucional debe extenderse a los registros públicos, catastros, oficinas de desarrollo urbano y todas aquellas áreas donde se generan derechos patrimoniales. La corrupción inmobiliaria rara vez actúa sola; suele operar mediante cadenas completas de complicidades administrativas que permiten legalizar actos irregulares bajo la apariencia de absoluta normalidad.

La sociedad veracruzana observa con expectativa este proceso porque durante demasiado tiempo escuchó promesas similares sin conocer desenlaces contundentes. Hoy existe una oportunidad para demostrar que el combate a las irregularidades no distingue apellidos, influencias políticas ni antiguas lealtades.