2026/07/01 - 11:07

Hay reformas que cambian las leyes y hay reformas que pretenden cambiar la historia. La aprobada por el Congreso de Veracruz, que prohíbe la reelección inmediata de diputaciones locales y ediles, además del llamado nepotismo electoral, pertenece a esa segunda categoría. La pregunta es si realmente desmontará una de las prácticas más arraigadas de la política mexicana o si terminará siendo otro elegante maquillaje constitucional para una enfermedad que sigue intacta.

Con 36 votos a favor y seis abstenciones, la LXVII Legislatura armonizó la Constitución de Veracruz con la federal para impedir que legisladores y autoridades municipales permanezcan de manera consecutiva en el cargo y para cerrar el paso a que familiares directos de quien ejerce la gubernatura, una diputación o un ayuntamiento puedan sucederlos de inmediato.

En el papel, la reforma luce impecable. En la realidad, apenas comienza la prueba de fuego.

Porque el nepotismo nunca ha sido únicamente un asunto de parentescos; ha sido un modelo de poder.

Durante décadas, los partidos políticos —sin excepción— convirtieron las candidaturas en herencias familiares. Las presidencias municipales pasaban de padres a hijos, de esposos a esposas, de hermanos a hermanos. El cargo público dejó de ser una responsabilidad ciudadana para convertirse en un patrimonio privado administrado desde las cúpulas partidistas.

No era democracia. Era una sucesión monárquica con credencial para votar.

Por eso resulta paradójico escuchar discursos triunfalistas de quienes hoy celebran una reforma que combate prácticas de las cuales buena parte de la clase política también obtuvo beneficios durante años. La memoria política suele ser incómoda, pero no por ello deja de existir.

La eliminación de la reelección inmediata también merece una reflexión más profunda. Cuando se aprobó en 2014, el argumento consistía en fortalecer la rendición de cuentas. Un legislador eficiente tendría la posibilidad de recibir nuevamente el respaldo ciudadano; uno incapaz sería castigado en las urnas.

La teoría era correcta.

Lo que fracasó fue el sistema de partidos, que sustituyó la evaluación ciudadana por la obediencia política. En muchos casos, la permanencia dependía menos del desempeño legislativo que de la cercanía con el dirigente, el gobernador en turno o el grupo dominante.

Ahora se elimina la reelección como si el verdadero problema hubiera sido el instrumento y no quienes lo manipularon.

Más aún, el llamado nepotismo electoral contiene limitaciones evidentes. La Constitución podrá impedir que un hermano sustituya a otro, pero difícilmente evitará que el poder pase al secretario particular, al operador financiero, al dirigente partidista local o al incondicional cuya única credencial sea garantizar la continuidad del mismo grupo político.

Cambiar el parentesco no significa cambiar el poder.

Los cacicazgos modernos ya no necesitan compartir apellido. Les basta compartir intereses.

La auténtica reforma democrática no consiste únicamente en prohibir determinados vínculos familiares. Exige procesos internos transparentes en los partidos, elecciones competitivas, fiscalización efectiva, independencia de las autoridades electorales y ciudadanos capaces de castigar en las urnas a quienes utilizan el servicio público como plataforma de negocios personales.

Mientras las candidaturas continúen decidiéndose desde oficinas partidistas y no desde la voluntad libre de la militancia o de la sociedad, cualquier prohibición seguirá siendo parcialmente simbólica.

Lo preocupante sería que esta reforma termine vendiéndose como la solución definitiva al problema del nepotismo, cuando apenas representa un primer paso. La política mexicana posee una extraordinaria capacidad para adaptarse a las restricciones legales sin modificar sus viejos hábitos. Cuando una puerta se cierra, inmediatamente abre una ventana.

Veracruz necesita algo más que reformas constitucionales bien redactadas. Necesita gobernantes que entiendan que el poder pertenece a los ciudadanos y no a las familias, a los grupos políticos o a las redes de complicidades que sobreviven sexenio tras sexenio cambiando únicamente de siglas.

Porque la corrupción política nunca ha dependido exclusivamente de los apellidos, sino de una cultura de impunidad que convierte las leyes en discursos y las reformas en propaganda.

Si para impedir que el poder se herede fue necesario escribirlo en la Constitución, el verdadero problema nunca estuvo en los apellidos de los políticos, sino en la pobreza democrática de quienes convirtieron los cargos públicos en patrimonio familiar.