2025/04/02 - 12:42

Emiliano Sesma. -A medida que se acerca el proceso electoral para renovar las 212 presidencias municipales de Veracruz en 2025, un oscuro presagio se cierne sobre la democracia local: la violencia y la intervención del crimen organizado. Aunque apenas estamos en la fase de inscripción de candidatos y las campañas políticas aún no comienzan oficialmente, los primeros signos de intimidación y agresiones ya han emergido, como lo demuestran los casos de Crispín Hernández Sánchez en Mixtla de Altamirano y de Iván López en Cosautlán de Carvajal. Estos episodios no son aislados, sino síntomas de una enfermedad crónica que amenaza con socavar la voluntad popular y la legitimidad de las elecciones en el estado.

El caso de Hernández Sánchez, precandidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Mixtla, es un reflejo brutal de esta realidad. Su camioneta fue baleada con más de una docena de disparos de calibre 9 mm y luego incendiada, acompañada de una cartulina con un mensaje intimidatorio, presuntamente de un grupo delictivo. Este ataque, ocurrido en la madrugada del 1 de abril de 2025, lo obligó a renunciar a su candidatura por temor a represalias mayores. Mixtla, un municipio marcado por la pobreza y un historial de violencia electoral —como el asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo en 2019—, parece ser un microcosmos de los desafíos que enfrenta Veracruz: la incapacidad del Estado para garantizar seguridad y el poder de facto que ejercen los grupos criminales sobre la vida política.

Por su parte, Iván López, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) en Cosautlán, también abandonó su candidatura tras recibir amenazas anónimas que incluyeron agresiones a la casa de sus padres y el vandalismo de su vehículo. Su decisión, anunciada el 31 de marzo de 2025, resalta un dilema ético y práctico que enfrentan muchos candidatos: ¿vale la pena arriesgar la vida propia y la de los seres queridos por un ideal político? López lo expresó con claridad: “No coincido que sean mis cercanos los que también tengan que pagar el costo de mis decisiones”. Este caso, el primero de renuncia pública por amenazas en el proceso electoral de 2025 en Veracruz, pone en evidencia cómo la violencia no solo silencia a los aspirantes, sino que también debilita la participación ciudadana y la competencia democrática.

Estos incidentes tempranos confirman lo que múltiples analistas y organizaciones, como Data Cívica y México Evalúa, han advertido: Veracruz es un terreno fértil para la violencia político-criminal, especialmente en elecciones municipales. La importancia estratégica de los gobiernos locales para los grupos delictivos es innegable. Controlar una presidencia municipal significa tener acceso a recursos públicos, influencia sobre las fuerzas policiales y la capacidad de proteger actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión o el huachicol.

La renuncia de candidatos como Hernández Sánchez y López no es solo una tragedia personal; es una derrota colectiva para la democracia veracruzana. Cada abandono forzado limita las opciones de los votantes y refuerza la narrativa de que el poder se decide con balas y no con boletas. Los partidos políticos, como el PT y el PAN, han exigido medidas de seguridad, pero las respuestas institucionales parecen insuficientes frente a la magnitud del desafío. El gobierno estatal y federal deben actuar con urgencia, no solo ofreciendo escoltas o promesas vacías, sino fortaleciendo las instituciones locales y combatiendo la impunidad que permite a los criminales operar sin temor.

Las elecciones municipales de 2025 en Veracruz están en una encrucijada. Si la violencia y el crimen organizado logran imponer su voluntad antes siquiera de que comience la contienda, el estado corre el riesgo de convertirse en un laboratorio de gobernanza criminal, donde los alcaldes no representen a sus comunidades, sino a los intereses de quienes los impusieron a punta de pistola. Es hora de que la sociedad civil, los partidos y las autoridades asuman su responsabilidad y defiendan el derecho a elegir y ser elegido sin miedo. Por lo que la invitación al lector es para que le ponga fecha ya que, ante la incapacidad del estado, el proceso electoral no será una fiesta democrática, sino un funeral para la esperanza de un Veracruz libre y justo.