San Rafael, Ver. | 2026/09/23 - 21:46

Gabriel Mújica.- La pasada administración municipal de San Rafael, encabezada por Héctor Lagunes Reyes, quedó bajo señalamientos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), al detectarse un presunto daño patrimonial por 50 millones 944 mil pesos correspondiente a la Cuenta Pública 2025, último año del llamado “Lagunato”.

De acuerdo con las observaciones reportadas, 29 millones 236 mil pesos corresponden a la gestión financiera y presupuestal, mientras que 21 millones 708 mil pesos están relacionados con obra pública. Las irregularidades señaladas reflejan, presuntamente, deficiencias en el manejo, comprobación y aplicación de recursos que debieron traducirse en servicios, obras y beneficios para la población sanrafaelense.

Entre los señalamientos destacan traspasos bancarios por aproximadamente 8.5 millones de pesos sin documentación suficiente, además de 4.5 millones destinados a supuestas ayudas sociales sin padrón de beneficiarios ni constancias que acrediten su entrega. También se observaron cerca de 4.4 millones de pesos en nómina, compensaciones y finiquitos sin firmas que acrediten plenamente el cobro.

En materia de obra pública, sobresale el caso del sistema de drenaje en la localidad de Úrsulo Galván, con una inversión aproximada de 4.2 millones de pesos, señalado por carecer de diversas validaciones y permisos, además de encontrarse sin operar. A ello se suman recursos por alrededor de 3.3 millones de pesos relacionados con ingresos municipales que, según las observaciones, no fueron registrados en la contabilidad.

Las observaciones del ORFIS colocan nuevamente bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos durante la administración saliente y generan preocupación por el posible impacto que estas irregularidades representan para la población. Entre los exfuncionarios señalados se encuentran Héctor Lagunes Reyes, Raquel López Murrieta, Karla Liliana Martínez Torales, Enrique Morales Prince, Roberto García Castro y Marco Antonio García Rubio, quienes tendrían que responder conforme al procedimiento de fiscalización y las instancias competentes determinarán las responsabilidades correspondientes.