Vega de Alatorre, Ver. | 2026/07/07 - 22:54

Gabriel Mújica.- La construcción del Arco de Bienvenida que impulsa el gobierno municipal encabezado por Fernando Hernández Sánchez se encuentra en el centro de la polémica, luego de que el proyecto fuera programado con una inversión de un millón 500 mil pesos, monto que ha generado fuertes cuestionamientos entre habitantes al compararlo con una obra similar ejecutada en Tonayan, donde el presupuesto asciende únicamente a 400 mil pesos.

La diferencia de más de un millón de pesos entre ambos proyectos ha provocado inconformidad entre diversos sectores de la población, cuyos integrantes consideran que el costo programado resulta elevado para una obra de estas características. Ante ello, ciudadanos han comenzado a expresar la necesidad de que las instancias fiscalizadoras revisen detalladamente los conceptos, materiales y procedimientos de contratación para verificar que el presupuesto corresponda al valor real de la obra.

De acuerdo con la información oficial del ejercicio fiscal 2026, ambos proyectos forman parte del Programa de Equipamiento Urbano y son financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). Sin embargo, la marcada diferencia en los montos ha alimentado el debate público y abierto interrogantes sobre los criterios técnicos y financieros utilizados para integrar el presupuesto del arco de Tenochtitlán.

A la controversia por el costo se suma el descontento de habitantes que consideran que un arco de bienvenida no representa una necesidad prioritaria para el municipio, cuando existen demandas relacionadas con calles, agua potable, drenaje y otros servicios básicos. También señalan que este tipo de infraestructura implicará gastos de mantenimiento en los próximos años sin resolver problemas de fondo que afectan a la población.

Mientras el Ayuntamiento mantiene como fecha programada de conclusión el 10 de julio, día en que Tenochtitlán celebrará el 95 aniversario de su fundación, crece la presión social para que los órganos de fiscalización revisen la ejecución de la obra. Hasta el momento no existe un pronunciamiento de las autoridades que determine irregularidades; sin embargo, la diferencia de costos ha colocado el proyecto bajo el escrutinio ciudadano y ha intensificado las exigencias de transparencia en el manejo de los recursos públicos.