Misantla, Ver. | 2026/05/15 - 12:45

Reportera de la web.- Con la captura del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y su círculo cercano, el caso que desde hace meses rondaba entre rumores y filtraciones tomó este viernes una dimensión política y judicial inédita. Aunque ambos hechos ocurrieron desde el pasado 6 de mayo, fue hasta ahora cuando salieron a la luz pública, revelando una operación silenciosa de autoridades mexicanas y estadounidenses.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y general brigadier retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue detenido formalmente el pasado 11 de mayo luego de entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. Posteriormente fue presentado ante un juez federal en Tucson, Arizona, y trasladado a Nueva York, donde enfrenta este viernes su primera audiencia ante la Fiscalía del Distrito Sur.

El militar veracruzano, originario de Poza Rica, aparece dentro de una lista de diez personajes señalados por el gobierno estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico y específicamente con la facción de “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

En esa misma relación figuran el gobernador con licencia de Culiacán, Rubén Rocha Moya; el senador morenista, Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; así como mandos policiacos y funcionarios estatales.

Previo a su captura, Mérida Sánchez promovió un amparo ante la justicia federal mexicana para evitar una posible detención o extradición. El recurso fue presentado el pasado 1 de mayo y concedido días después por el juez tercero de distrito, Rafael Linares Rivera, en un intento por frenar cualquier acción derivada de la solicitud de una Corte de Nueva York.

Sin embargo, mientras el exfuncionario buscaba blindarse jurídicamente, otro movimiento avanzaba de manera paralela y en silencio: el congelamiento de cuentas bancarias del gobernador Rocha Moya, de sus familiares y de otros personajes bajo sospecha.

Fuentes del sector financiero confirmaron que desde el 6 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) notificó a diversas instituciones bancarias sobre el bloqueo de cuentas relacionadas con Rocha Moya y otros funcionarios señalados por Washington.

La información permaneció fuera del radar público durante más de una semana, hasta que este viernes comenzó a difundirse en medios nacionales, generando un nuevo terremoto político en Sinaloa y en el entorno de Morena.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró desconocer la medida financiera aplicada por la UIF y afirmó que el organismo “es un área técnica” que actúa cuando detecta irregularidades.

“No tenía conocimiento y no lo pregunté… si hubo algo de eso, que informen”, declaró la mandataria federal al ser cuestionada sobre el caso.

La coincidencia de fechas entre el congelamiento de cuentas y la detención del exsecretario de Seguridad refuerza la percepción de una operación coordinada que podría escalar en las próximas semanas.

El caso Rocha Moya ya dejó de ser únicamente un tema de especulación política o señalamientos mediáticos, desde hace una semana se han recrudecido los señalamientos y ya está bajo el reflector internacional, con investigaciones financieras activas, acusaciones de narcotráfico y un exjefe policiaco sentado ante tribunales estadounidenses.