CDMX | 2019/08/30 - 12:07

Yesenia de los Santos.- La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación, en particular, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

En México desde 2013 hasta el 31 de mayo de 2019, el Registro Nacional de Víctimas ha inscrito a 27,331 personas a partir de la calidad de víctima que han emitido ministerios públicos, juzgadores y organismos públicos de defensa de derechos humanos, de los fueros común y federal en apego a lo que dispone la Ley General de Víctimas en su artículo 98. De estas víctimas inscritas 13852 son mujeres y 13473 son hombres.

La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetuarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación: el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada.

Es importante que las personas que hayan sufrido algún percance o situación de acoso sepan que en el país existe la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), misma que sirve para orientar y apoyar a quienes hayan sido víctimas de un delito federal o de una violación a sus derechos humanos y en todo lo correspondiente a situaciones de desapariciones forzadas.