CDMX | 2019/06/24 - 10:33

Daniela González.- Alrededor de 83 mil migrantes están en riesgo y necesitan protección del Estado mexicano, de acuerdo con el informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), debido a que podrían ser deportados desde Estados Unidos o estar en situación de vulnerabilidad durante su tránsito hacia el país vecino.

A estas personas, el organismo los cataloga como “otros grupos de interés” y señala que se les debe brindar servicios de protección y/o asistencia por motivos humanitarios y por otras situaciones especiales. Sin embargo, no se tiene registro alguno de que hayan iniciado su regularización migratoria, pues, pertenecen a los miles que cruzaron ilegalmente la frontera sur en caravanas, como la que irrumpió en el Puente Fronterizo Rodolfo Robles, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 19 de octubre de 2018.

A las estimaciones de la ACNUR del año pasado, se suman los 11 mil 922 migrantes que han sido retornados de EU a México, desde el 29 de enero y hasta el 12 de junio, en cumplimiento de la política migratoria estadunidense.
Por su parte, el año pasado la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) sólo recibió sólo 29 mil 647 solicitudes de refugio, de las cuales concluyó cinco mil 308, aceptando a cuatro mil 120 personas; la mayoría de ellos fueron venezolanos (1,798) y hondureños (1,137).

Hasta mayo de este año, la COMAR ha recibido 24 mil 424 trámites, una cifra récord; los originarios de Honduras son los que más han iniciado este procedimiento, con 13 mil 23 interesados, los de El Salvador le siguen en la lista con tres mil 685 solicitudes.

El informe de desplazados de la ACNUR señala que a nivel global, los hondureños son el octavo grupo más grande que pidió asilo en 2018, con 41 mil 500 personas, la mayoría pusieron la vista en EU (24,400) mientras que 13 mil 600 se quedaron en México.

La COMAR reconoce que tiene 44 mil 98 solicitudes de asilo pendientes, de las cuales hay 16 mil 35 procesos rezagados, 15 mil 721 en trámite y 12 mil 342 suspendidos.

Una de las razones por las que se suspende el procedimiento es por falta de seguimiento. La COMAR pide que, una vez que el migrante inicia su solicitud, se quede en el lugar donde realizó la gestión y vaya a firmar una vez a la semana para garantizar su estancia en el sitio, si falta dos semanas seguidas, en el trámite que dura 55 días hábiles, se suspenderá y deberá regresar a la oficina migratoria a activarlo.