Xalapa, Ver | 2019/05/30 - 17:20

Durante la Sexta sesión ordinaria de la LXV de la Legislatura, el Grupo Legislativo del Partido de Acción Nacional (PAN) en voz del diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, presentó una iniciativa de Decreto que reforma el artículo 60 del Código de Derecho del Estado de Veracruz, que regula el costo de las copias certificadas de los juicios, por los servicios en el Tribunal Superior de Justicia, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Menores y Juzgados Municipales.

El legislador aseguró que resulta muy alto el costo que se paga por la expedición de copias certificadas afectando o limitando el derecho constitucional de defensa, y aunque se exceptúan de este pago en los casos de Juicios de Alimentos, los de reconocimiento de hijos, así como en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, existen otros rubros que deben considerarse.

De Unánue Abascal, aseguró que el Grupo Legislativo del PAN preocupado por la situación de vulnerabilidad que enfrentan grupos sociales como las personas de la tercera edad y que cruzan casos de conflictos judicializados; en su mayoría no cuentan recursos suficientes que les permita una defensa adecuada, pues en su mayoría tienen ingresos limitados o se encuentran pensionados, estos costos afectan su patrimonio, por lo que es conveniente exentar del pago de copias.

Del mismo modo, el legislador afirmó que es oportuno no sólo exentar los asuntos de pensiones alimenticias, sino incluir a toda la materia familiar que son de gran impacto para las personas, pues también contemplan divorcios, reconocimiento de hijos, testamentos, reconocimiento de concubinatos, entre otros, ya que estos conflictos se enfrentan relaciones de poder o filiales, conflictos por diferencias de género o desequilibrios económicos entre las partes.

Asimismo, continuó el legislador, si el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el año en curso es de $84.49 pesos, resulta inalcanzable para las personas en situación de vulnerabilidad que solo cuentan con el salario mínimo para subsistir, lo que los limita a llevar sus procedimientos legales con derecho y oportunidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, para su análisis y dictamen.