2026/07/14 - 11:00

Durante más de una década, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa fue el eje de una narrativa política que terminó por transformar el poder en México.

Sobre la desaparición de aquellos jóvenes se construyó un discurso que presentaba al régimen priista como la encarnación definitiva de la barbarie –no sin razón–, al Ejército como un aparato criminal protegido por el Estado y a Andrés Manuel López Obrador como el único líder capaz de romper el pacto de impunidad. Ayotzinapa fue, en muchos sentidos, el mito fundacional del obradorismo como fuerza política capaz de disputar y ganar el poder.

No fue el único factor que precipitó el derrumbe del gobierno de Enrique Peña Nieto, por supuesto. La corrupción de la “Casa Blanca”, los escándalos de Odebrecht, la violencia desbordada, la crisis económica, las empresas “fantasma” de Javier Duarte y el descrédito generalizado del sistema priista hicieron su parte. Pero ningún episodio condensó con tanta fuerza el sentimiento de indignación nacional e internacional como la desaparición de los normalistas ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

Aquella tragedia permitió construir una narrativa simple y eficaz: el Estado había desaparecido a 43 estudiantes y el Ejército había sido cómplice, cuando no directamente responsable. “Fue el Estado”, repetían a voz en cuello en marchas, mítines y concentraciones.

López Obrador hizo suyo ese discurso desde la oposición. Morena acompañó todas las movilizaciones. Sus dirigentes prometieron llegar hasta las últimas consecuencias. Se comprometieron a llegar a la verdad, castigar a todos los responsables y romper el muro de protección que, afirmaban, el gobierno priista había levantado alrededor de los militares. Hoy, ocho años después de llegar al poder, el mismo movimiento político que utilizó Ayotzinapa como bandera, parece decidido a enterrarlo.

La recomendación 208VG/2026, emitida hace unos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, constituye quizá la prueba más evidente de esa renuncia. Lejos de fortalecer las investigaciones o profundizar las responsabilidades institucionales, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra concluyó que no existen elementos suficientes para acreditar la participación del Ejército en desapariciones forzadas relacionadas con el caso. Exactamente todo lo contrario de lo que pregonó el movimiento obradorista desde hace casi 12 años.

Organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos cuestionaron con dureza el documento. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que durante años ha acompañado a las familias de los estudiantes, advirtió que la recomendación contradice pruebas documentadas dentro de las propias investigaciones oficiales y omite información fundamental sobre la actuación militar. Amnistía Internacional

sostiene que dicha resolución debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia en uno de los casos más graves y emblemáticos de desaparición forzada en México.

Desde aquella época, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuya labor fue decisiva para desmontar la llamada "verdad histórica" del gobierno de Peña Nieto, había documentado ampliamente la vigilancia permanente que el Ejército ejerció sobre los estudiantes durante aquella noche y la abundante información que las Fuerzas Armadas ocultaron durante años. Incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y diversas organizaciones internacionales han insistido reiteradamente en la necesidad de mantener abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con personal militar.

Sin embargo, la CNDH decidió recorrer el camino contrario. No solo prácticamente exculpó al Ejército, sino que desacreditó buena parte del trabajo realizado durante años por especialistas independientes que fueron, precisamente, quienes permitieron desmontar las versiones oficiales del último sexenio priista.

Aquello que durante años fue presentado como una conspiración del “viejo régimen” para proteger a los militares, termina ahora siendo reproducido desde un gobierno supuestamente “progresista” y “humanista”. Aunque si algo caracterizó al sexenio de López Obrador fue la militarización acelerada del Estado mexicano. Nunca antes las Fuerzas Armadas habían acumulado tanto poder político y económico.

La CNDH es una institución que perdió prácticamente toda independencia desde que fue capturada por Morena vía una militante fanatizada y vulgar como Rosario Piedra, que ni siquiera intenta ocultar el sesgo de sus recomendaciones y posicionamientos. Desde su primera designación, estuvo marcada por fuertes cuestionamientos en el Senado, donde incluso se denunció una votación fraudulenta. Su permanencia y posterior ratificación respondieron exclusivamente a la voluntad política de López Obrador y no a una evaluación objetiva de resultados. Y así, dejó de ser un contrapeso institucional para convertirse en un órgano de servil acompañamiento del poder.

Lo verdaderamente grave es que esta decisión trasciende el caso Ayotzinapa, porque se trata del colapso de una de las pocas instituciones públicas diseñadas para servir como garante de los derechos humanos frente al poder político, lo que implica que las víctimas quedan indefensas ante cualquier abuso del Estado.

Este episodio representa, en los hechos, el certificado de defunción de uno de los principales símbolos políticos del obradorismo. El mito fundacional que lo ayudó a conquistar el poder y que ha dejado de ser útil una vez instaurado el régimen de la supuesta “transformación”, que terminó pareciéndose demasiado, como copia al carbón, al sistema que prometía destruir.