En materia jurídica, se denomina "medidas afirmativas" a todas las reformas legales que implican una aplicación de programas o acciones diseñadas y aplicadas con el propósito de corregir o contrarrestar situaciones de discriminación histórica, desigualdad y marginación que han afectado a grupos específicos, como el caso de las mujeres y los indígenas.

 

Estas medidas buscan promover la igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos humanos para aquellos grupos que han enfrentado obstáculos estructurales y sistemáticos en el acceso a la educación, el empleo, la representación política u otros aspectos de la vida pública y privada. De manera abreviada, las medidas afirmativas representan el antídoto para contrarrestar un crónico sistema de exclusión social que regatea o menoscaba los derechos humanos de segmentos poblacionales del país.

 

La lucha por la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos ha sido un pilar fundamental en la construcción de sociedades justas y equitativas. En este contexto, combatir la violencia política de género se erige como una tarea imperativa, no solo a nivel nacional sino también en conformidad con la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Convención, en sus artículos 1 y 3, establece que los países signantes tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, así como de adoptar medidas adecuadas para garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos sin discriminación alguna.

 

En mi opinión, el penoso episodio de “las juanitas” en la Cámara de Diputados fue el punto culminante que hizo que se acelerara el activismo de las mujeres, mismas que hicieron posible la reforma legal para la paridad democrática como condición para cambiar la representación política en el Congreso de la Unión y así corresponder a la realidad demográfica de México y el mundo.

 

La violencia política de género abarca una amplia gama de conductas que tienen como objetivo menoscabar, limitar o impedir la participación política de las mujeres en la esfera pública. Esto incluye desde amenazas y acoso hasta agresiones físicas, difamación y otras formas de violencia que buscan disuadir a las mujeres de involucrarse en todos los niveles de la política, en un amplio espectro que no sólo se circunscribe a los partidos políticos. Esta forma de violencia no solo atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas afectadas, sino que también socava los principios democráticos y la representatividad en la toma de decisiones.

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 23, subraya la importancia del derecho a la participación en el gobierno, reconociendo que este es un elemento esencial de la democracia representativa. Al mismo tiempo, en su artículo 24, la Convención establece el principio de igualdad ante la ley, sin discriminación por motivos de sexo, entre otros. Pero la lucha no cesa y debemos seguir luchando por los derechos de las mujeres y niñas de Veracruz y de todo México. X: @lorenapignon Diputada federal.