2020/06/05 - 17:57

Uno de los retos más grandes que se fincó el Gobierno de México, fue hacer frente a los delitos silenciosos, tal es el caso del robo de combustible (huachicol), donde más allá de una participación de personas locales, se tornó a la conformación de grupos de poder que sostenían acuerdos con el crimen organizado.

En el sector ambiental no han sido la excepción de los delitos silenciosos que dañan enormemente nuestra casa común; la caza furtiva y la tala clandestina son algunos de ellos. La tala clandestina de madera es una actividad irregular en México, misma que genera ganancias millonarias para los talamontes y grupos de poder, afectando el ambiente.

El Código Penal Federal establece en sus artículos 417: “Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas”. Artículo 418: “Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: I. Desmonte o destruya la vegetación natural; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o III. Cambie el uso del suelo forestal. La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida”.

Datos de la ahora Fiscalía General de la República, indican que en las entidades donde no se registran investigaciones por tala ilegal son: Colima, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Para el caso de Veracruz, en días recientes ha sido mayormente publicado por medios de comunicación el incremento de esta actividad delictuosa, un tema que empezamos a trabajar desde hace algunos meses, pero que hoy día requiere mayor atención, pero sobre todo suma de esfuerzos; en este sentido, desde el sector ambiental del Gobierno de México en Veracruz, hemos instalado una mesa de coordinación integrada por las Oficinas de Representación de la SEMARNAT, PROFEPA, CONANP, CONAGUA y CONAFOR, así como con la Guardia Nacional y la SEDENA, además por la parte estatal con la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz (SEDEMA). Las acciones a emprender van a la integralidad, sabiendo las carencias que se vive en las comunidades y las necesidades que enfrentan, vamos por un reforzamiento de la incorporación a los programas integrales para el desarrollo, de la mano de educación ambiental y actos de autoridad que castiguen a los responsables.

El país vive hoy una nueva etapa en la vida pública y en este momento, uno de los grandes males al que se le hace frente es la corrupción, por lo que las autoridades que tenga complicidad con actos de este tipo, deberán ser retirados del servicio público y puestos a disposición de la autoridad judicial, además para el caso de intervención de autoridades locales, deberán de solicitarse investigaciones puntuales. Para el caso del sector privado, se realizarán verificaciones a los aserraderos y a los aprovechamientos forestales. Quienes actúen de esta forma en contra del ambiente de manera particular, deberán comparecer ante la autoridad ambiental y ante la autoridad judicial, toda vez que en caso de ser sorprendidos o como desprendimiento de una investigación, serán detenidos y asegurados los bienes con los que se encuentren realizando la actividad ilícita.

Hagamos frente a este delito con el respaldo de Organizaciones de la Sociedad Civil, autoridades locales y sociedad en general, es tiempo de sumar esfuerzos en favor de nuestra casa común. ¡AHORA es el CAMBIO!