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Los partidos también cuestan Radiografía del OPLE Veracruz
Miguel Angel Cristiani Gonzalez - Bitácora Política
2026/08/13 - 11:39
Cuando se habla del presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, hay una cifra que suele aparecer completa, redonda y contundente: cientos de millones de pesos.
Pero detrás de esa cifra existe una distinción que resulta indispensable hacer si realmente queremos saber cuánto cuesta la democracia veracruzana.
No todo el dinero que aparece en el presupuesto del OPLE es dinero que el OPLE se gasta en su propia operación.
Una parte muy importante tiene otro destino: los partidos políticos.
Y ahí comienza una cuenta que los ciudadanos tenemos derecho a conocer.
En 2024, el presupuesto originalmente planteado por el OPLE ascendió a 1 mil 399.9 millones de pesos. De esa cantidad, 358.37 millones correspondieron a prerrogativas para los partidos políticos, mientras que 1 mil 041.53 millones fueron destinados a los programas institucionales del propio organismo: desarrollo y fortalecimiento institucional, proceso electoral y cartera de proyectos.
Dicho de otra manera: aproximadamente uno de cada cuatro pesos del presupuesto planteado para 2024 tenía como destino el financiamiento político.
Y eso ocurrió precisamente en un año electoral, cuando Veracruz eligió gobernador y diputados locales.
La cifra no es menor.
Pero tampoco debe interpretarse automáticamente como un gasto excesivo.
Las prerrogativas forman parte del modelo constitucional de financiamiento público de los partidos y su distribución responde a fórmulas legales.
El problema periodístico es otro:
¿Cuánto de lo que llamamos “presupuesto del OPLE” corresponde realmente al funcionamiento del organismo y cuánto termina en manos de los partidos?
En 2025 el presupuesto autorizado del OPLE fue de 1 mil 400 millones de pesos.
El documento financiero oficial distribuyó 285.87 millones de pesos al programa institucional denominado E404, “Prerrogativas a Partidos Políticos”.
Es decir, alrededor del 20.4 por ciento del presupuesto total autorizado quedó destinado a esta finalidad.
Mientras tanto, el organismo destinó 365.96 millones a servicios personales, 330.47 millones a materiales y suministros y 416.71 millones a servicios generales.
Aquí aparece un contraste interesante.
2025 fue el año de la elección de los 212 ayuntamientos de Veracruz. Eso explica buena parte del incremento en los gastos relacionados con la organización electoral.
Pero las prerrogativas de los partidos constituyen una bolsa distinta.
No dependen simplemente de cuántas boletas haya que imprimir o de cuántos consejos municipales deban instalarse.
Son parte del financiamiento político que corresponde conforme a las reglas electorales.
Por eso debemos separar ambas cosas.
Para 2026 el presupuesto aprobado al OPLE descendió considerablemente.
Después de los ajustes, el organismo quedó con 665.73 millones de pesos.
Pero dentro de esa cantidad, 264.04 millones fueron destinados a prerrogativas de los partidos políticos.
Esto significa que cerca del 40 por ciento del presupuesto redistribuido tiene como destino el financiamiento político.
Y aquí aparece un dato que merece ser explicado al ciudadano.
En 2026, prácticamente cuatro de cada diez pesos que aparecen dentro del presupuesto del OPLE corresponden a prerrogativas partidistas.
No significa que el OPLE pueda utilizar esos recursos para contratar personal, comprar vehículos o pagar oficinas.
Son recursos con destino específico.
Pero sí forman parte de la bolsa presupuestal que debe aprobarse y contabilizarse dentro del gasto electoral del estado.
Y eso permite formular una pregunta mucho más precisa:
¿Cuánto le cuesta al ciudadano veracruzano el funcionamiento del árbitro electoral y cuánto le cuesta mantener el sistema de partidos?
Son dos preguntas diferentes.
Y hasta ahora suelen aparecer mezcladas.
El financiamiento público de los partidos tiene una razón de ser.
Busca evitar, al menos en teoría, que las organizaciones políticas dependan exclusivamente del dinero privado y establece reglas para que compitan bajo determinadas condiciones de equidad.
Es parte del diseño democrático mexicano.
Pero que algo esté permitido por la ley no significa que deba dejar de ser observado por los ciudadanos.
Al contrario.
Entre más dinero público se entregue, mayor debe ser la transparencia.
Porque el ciudadano que paga impuestos tiene derecho a saber cuánto recibe cada partido, bajo qué fórmula, para qué actividades y qué mecanismos existen para comprobar su utilización.
Y aquí aparece otra veta de nuestra investigación.
No basta con saber que en 2026 se presupuestaron 264.04 millones de pesos para prerrogativas.
Tenemos que saber cómo se distribuyó esa cantidad entre los partidos políticos.
Quién recibió más.
Quién recibió menos.
Cuánto corresponde al financiamiento ordinario.
Cuánto al gasto de campaña.
Qué recursos se destinan a actividades específicas.
Y qué sucede con el dinero cuando un partido pierde su registro o deja de tener derecho a determinadas prerrogativas.
Porque detrás de cada peso hay una fórmula.
Y detrás de cada fórmula hay votos.
Hay otro elemento que tampoco debemos perder de vista.
Los partidos no solamente reciben financiamiento público a través del OPLE.
También existen otros recursos, prerrogativas y mecanismos de financiamiento previstos por la legislación electoral.
Por eso, para conocer realmente cuánto cuesta el sistema de partidos en Veracruz, tendremos que sumar todas las bolsas correspondientes y compararlas con el tamaño del padrón electoral.
Será entonces cuando podamos responder una pregunta mucho más sencilla para cualquier ciudadano:
¿Cuánto paga cada veracruzano por mantener el sistema electoral y de partidos?
La respuesta puede resultar más reveladora que cualquier discurso político.
Conviene dejarlo claro.
Esta investigación no pretende cuestionar la existencia de los partidos políticos ni negar su función dentro de una democracia.
Una democracia sin partidos difícilmente puede ser competitiva y plural.
Lo que sí debe cuestionarse es la falta de claridad con la que muchas veces se presentan las cifras.
Porque decir que “el OPLE cuesta 665 millones de pesos” no cuenta toda la historia.
Y decir que “los partidos reciben 264 millones” tampoco.
Hay que saber cuánto cuesta cada componente.
Cuánto se destina a la burocracia electoral.
Cuánto a la organización de las elecciones.
Cuánto al financiamiento de los partidos.
Y cuánto termina realmente convirtiéndose en una mejor participación ciudadana.
Ésa es la diferencia entre hacer una crítica política y hacer periodismo de investigación.
En Bitácora Política hemos decidido hacer las dos cosas: preguntar y documentar.
Porque el dinero público no tiene partido.
Es dinero de los ciudadanos.
Y precisamente por eso, los ciudadanos tienen derecho a saber dónde termina cada peso.
Continuará.
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